Nadie puede decir que se sorprenda de la posición adoptada por el magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el socialista Luis López Guerra, favorable, como otros 16 miembros de la Gran Sala, a excarcelar a la etarra Inés del Río Prada, y coherente con su trayectoria académica y política. Lo que se le reprocha desde el Gobierno es un activismo entusiasta para convencer a sus colegas de que un fallo contrario a la doctrina Parot sería muy bien recibido entre la comunidad jurídica en España, algo que rechaza el entorno de López Guerra.
Entre las funciones que tienen asignadas los jueces de la Corte de Estrasburgo está la de participar en la resolución de todas las demandas que se presenten contra el Estado al que representa, pero ni están sometidos a las órdenes del Ejecutivo de turno ni pueden hacer proselitismo, más allá de la natural influencia que tenga la postura que adopten respecto de los asuntos que afectan a su propio país. El Tribunal presume su neutralidad y recoge la posibilidad de su sustitución para un caso específico cuando respecto del mismo incurran en causa de abstención.
López Guerra ya se había manifestado en 2000, cuando él era vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ni siquiera existía la doctrina Parot, en contra de la propuesta del PP de modificar la ley para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas. «El problema vasco no es penal, creo que todos estamos de acuerdo, es un problema político muy complicado», argumentó entonces. Pero quienes le afean una supuesta laxitud contra ETA deben recordar también que formó parte de las salas que sucesivamente avalaron en los términos más contundentes la Ley de Partidos y la ilegalización de la organización terrorista Batasuna y de sus marcas sucesoras.
López Guerra llegó a Estrasburgo en 2008, a propuesta del Ministerio de Justicia que entonces dirigía Mariano Fernández Bermejo y en sustitución del respetadísimo abogado del Estado Francisco Javier Borrego, a quien el Gobierno del PSOE no permitió agotar su mandato. Allí seguirá hasta 2017. Su designación, interpretada en medios jurídicos como una compensación por no haberlo nombrado ministro, fue recurrida ante el Supremo por la asociación mayoritaria en la carrera judicial, la APM, por entender que respondía exclusivamente al criterio de oportunidad de colocar a un juez afín.
Efectivamente, López Guerra fue abandonando una muy prometedora carrera académica –jovencísimo ya era catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Extremadura– por cargos vinculados a su militancia en el PSOE. El Gobierno de Felipe González lo llevó en 1986 al Constitucional, del que era letrado desde cuatro años antes, y alcanzó la vicepresidencia en 1991. Después, pasó por el CGPJ, fue diputado autonómico en Madrid y, en 2004, secretario de Estado de Justicia con su amigo Juan Fernando López Aguilar.
Hijo, nieto y bisnieto de militares, su padre fue el poeta falangista Luis López Anglada. Durante el franquismo fue sin embargo un activo militante por las libertades en el PCE, lo que le llevó a sufrir persecución y exilio en Michigan (EEUU), donde completó su tesis doctoral y conoció a su esposa. Junto a su inseparable Santiago Varela, fue quizá el más brillante discípulo de la escuela de Jorge de Esteban –presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO–, con el que participó en 1973 en la obra Desarrollo Político y Constitución Española, de decisiva influencia en el proceso de la Transición.