La ex secretaria general de Industria Teresa Santero toma posesión del cargo en presencia del entonces ministro Miguel Sebastián. / CARLOS BARAJAS
Cuatro ex altos cargos del Ministerio de Industria en la etapa de Rodríguez Zapatero han sido imputados por la juez de Cádiz que dirige la investigación del denominado caso Bahía, en referencia al Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz, al calor del cual, y de un proyecto paralelo y complementario, el Plan de Reindustrialización -bautizado como Reindus-, se urdió la trama que consiguió defraudar alrededor de 21 millones de euros.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz considera que hay indicios de delito en la actuación de la que fuera secretaria general de Industria Teresa Santero; el ex director general del ministerio Jesús Candil; el ex subdirector general Ramón Herrero, y el ex subdirector adjunto Alejandro Fernández. A todos ellos les ha citado en calidad de imputados el magistrado instructor del caso, así como a una técnico también de Industria.
A ellos correspondía la decisión última de conceder las subvenciones que debían servir para reactivar el empleo en una de las zonas tradicionalmente más deprimidas de Andalucía y de todo el país, la Bahía de Cádiz, hundida especialmente desde que la multinacional Delphi cerrara su factoría en 2007. Asimismo, debían verificar la documentación que presentaban las empresas solicitantes para acreditar la solvencia de sus proyectos y que, como ha puesto al descubierto la Policía, había sido falsificada en su mayoría por los empresarios detenidos en la primera fase de la operación, con el gallego Alejandro Dávila Ouviña a la cabeza.
La Udyco, en un informe que publicó en febrero de 2012 EL MUNDO, ya señalaba la participación de responsables del Ministerio de Industria en la trama en la que tuvo un papel clave un ex alto cargo de la Junta de Andalucía con Manuel Chaves, Antonio Perales Pizarro, hermano del ex consejero Alfonso Perales, ya fallecido, y primo de otro ex consejero, Luis Pizarro, además de líder destacado del PSOE gaditano. Asimismo, la hija de Alfonso Perales, Ofelia, tuvo una participación activa y está entre los imputados.
En dicho informe, los policías del Grupo de Blanqueo de la Udyco apuntaban a que, como mínimo, los altos cargos de Industria tenían alguna responsabilidad penal por la falta de control que existía sobre los documentos que certificaban que los proyectos cumplían los requisitos exigidos para acceder a las millonarias subvenciones.
Al menos, pensaban entonces los investigadores, hubo «connivencia» con los principales actores de la trama para concederles, y pagarles, más de 21 millones de euros en concepto de subvenciones a proyectos que los agentes consideran directamente «falsos».
El parlamentario del PP andaluz Antonio Sanz calificó ayer de «nuevo robo» este escándalo.