La Justicia tras Parot

Hoy decide el Tribunal de Estrasburgo si pone en libertad a más de 70 criminales. Hoy decide si tumba la doctrina Parot y si la mayor colección de sanguinarios terroristas etarras, del Grapo y condenados por narcotráfico o violación vuelven a las calles.

Y hoy, los 17 magistrados de este Tribunal Europeo de Derechos Humanos deciden no sólo eso, sino incluso si, tras su puesta en libertad, estos criminales pueden reclamar por responsabilidad patrimonial al Estado –es decir, a todos nosotros– una indemnización por el tiempo pasado en prisión de forma injustificada.

Pero hoy también tiene algo que decir el Gobierno español. Porque existen precedentes internacionales de incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Y porque la Justicia sólo merece ese nombre cuando de verdad se ejecuta.

Si la sentencia europea favorece hoy los intereses de los terroristas escucharemos a mucha gente esgrimir que España no puede incumplir la sentencia. Oiremos que la imagen de España se vería manchada por un incumplimiento así. Y se lo oiremos decir, en algunos casos, a gente que sólo se acuerda de la defensa de España para favorecer el avance de la hoja de ruta negociada con ETA.

Pero no es cierto que el Gobierno no pueda eludir a Estrasburgo. Y no es cierto que nos tengamos que tragar sin reaccionar una barbaridad como la que hoy puede salir de esa sala europea. Por motivos de Justicia. Y legales.

Los primeros son obvios: ¿es justo que un asesinato valga lo mismo que 30 o 40? ¿y acaso no está la política para garantizar la ejecución de las sentencias? Y por lo que respecta a los argumentos legales, deberíamos recordar que nuestros Tribunal Supremo y Constitucional han mantenido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se configura como un órgano jurisdiccional internacional, no supranacional, es decir, que España nunca ha cedido la potestad jurisdiccional a este tribunal internacional. Un argumento tan evidente como que, de hecho, esta corte no está integrada en el poder judicial español.

Y ese detalle técnico significa, ni más ni menos, que el Estado sigue teniendo, incluso legalmente, un margen de maniobra para evitar una excarcelación masiva.

Por supuesto que este argumento puede ser debatido. ¿Pero acaso no es ya hora de que, por una vez, las interpretaciones legales den la razón a la Justicia y no a la injusticia? ¿Acaso no es ya hora de que las amparadas sean las víctimas y no los terroristas?