Montoro y las trampas forales
El 11 de septiembre pasado, UPyD presentó una interpelación urgente al ministro de Hacienda sobre qué piensa hacer el Gobierno para corregir la «sobrefinanciación» de la que disfrutan el País Vasco y Navarra en virtud de su régimen fiscal singular. La Diada tapó el asunto, pero el tibio enfoque de Cristóbal Montoro sobre la cuestión –casi molesto por tener que abordarla–, rematado con un «no existe ningún proyecto del Gobierno para revisar la arquitectura institucional, porque ahora no sería conveniente», resultó muy significativo para calibrar por dónde está erosionando el discurso del partido de Rosa Díez el voto de los populares, sobre todo entre los profesionales.
El diputado Martínez Gorriarán justificó la interpelación en que el sistema de cupo y concierto es «anacrónico, injusto y opaco». En su intervención expuso el anacronismo, al que definió como «una leyenda» sobre las bases ancestrales de este privilegio. El cupo y el concierto no son conquistas medievales, según el parlamentario. «Fue un arreglo de Cánovas», dijo, «para compensarles la derogación de los fueros tras la tercera guerra carlista en 1876». Por lo tanto, remató, el cupo y el concierto «son más recientes que el telégrafo y el ferrocarril».
Citó el diputado de UPyD, para argumentar la injusticia del sistema, los estudios de Ángel de la Fuente sobre la sobrefinanciación vasca (¿Está bien calculado el cupo?, Instituto de Análisis Económico, CSIC) que concluyeron que en 2002 el País Vasco disfrutó de 2.800 millones que no le correspondían y en 2007 de otros 4.500 millones. ¿Cómo se consigue esta brecha a favor del Gobierno de Vitoria? Con un invento más viejo que la rueda: se minusvaloran las cargas estatales que debe costear el País Vasco y se emplean valores desfasados para calcular el IVA, con lo que entregan menos cantidad de este impuesto a la Hacienda española.
En Navarra, además, se ha descubierto una variante avanzada: la comunidad se quedaba directamente el IVA de la factoría de Volkswagen de Landaben que correspondía a Hacienda.
Con estas triquiñuelas es como se vulnera el artículo 138.2 de la Constitución: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».
Por último, UPyD fundó su crítica a la opacidad en la complejidad del sistema de cálculo que obliga a realizar «investigaciones científicas» para entender su funcionamiento. «Es un sistema endemoniadamente complicado de manera deliberada», concluyó.
Montoro rechazó de plano cualquier modificación del sistema –«no busquemos argumentos que enfrenten a los españoles», dijo–, pero ni siquiera admitió la posibilidad de que el cálculo se rehaga de una manera menos tramposa en la próxima negociación del cupo que debió iniciarse ya en 2012. Esta rectificación era lo mínimo que se podía esperar.
El ministro insistió en su discurso en que estas polémicas distraen y no dejan trabajar para salir de la crisis. «No vamos a estar reinventándonos el país a cada rato, porque así no podemos trabajar», dijo. El ministro tendría razón si la acumulación de estas disfunciones institucionales no estuvieran en la base de nuestros problemas, como percibe todo el mundo.
Montoro dejó, además, una perla en el diario de sesiones. Ante una réplica de Martínez Gorriarán en la que citó a Cánovas («es español aquel que no tiene otro remedio o que no tiene otra cosa que poder ser»), soltó lo siguiente: «La igualdad de los ciudadanos no estriba únicamente en la financiación de los servicios públicos». Quede aquí reflejado este teorema ministerial que será básico e instrumental para futuras desigualdades.
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