Vuelve la razón
No estamos del todo desamparados, parece. Hablo de los ciudadanos que consideramos que, cuando unas decenas de personas se juntan frente a tu casa para gritar contra ti, contra tus opiniones o decisiones políticas si eres diputado o miembro del Gobierno, y atemorizan a tu familia e incomodan a tus vecinos, te están sometiendo a una coacción inadmisible. Porque la expresión del desacuerdo ciudadano con la acción política se puede manifestar en la calle y puede ser todo lo multitudinaria y vehemente que se quiera. Pero el cerco al lugar donde uno vive y el amedrentamiento a tus próximos, sean familiares o no lo sean, no se puede despachar como lo hizo el juez Marcelino Sexmero, ignorando de plano la protección a los derechos de las víctimas que, aunque hayan tenido la mala suerte de tener cerca a alguien que se dedica a la política, también son hijos de Dios.
Es un alivio que la Fiscalía haya decidido recurrir la resolución. Pero resulta muy inquietante que su principal argumento jurídico sea el de que la concentración no había sido previamente comunicada a la autoridad administrativa. Porque, ¿qué habría pasado si lo hubiera sido? ¿No habría recurrido la Fiscalía? ¿Habríamos tenido entonces que aceptar sin rechistar las tesis del juez de instrucción, que archivó la denuncia del marido de Sáenz de Santamaría?
Reconforta, sin embargo, leer la segunda parte del escrito del fiscal. Claro que los que se dedican a la actividad pública son, una vez que se bajan del coche oficial, unos ciudadanos de a pie cuya esfera privada debe ser tan respetada como la de cualquiera. Claro que invadir su intimidad es una coacción porque es una violencia moral ejercida sobre quienes, al no tener ninguna capacidad de actuación sobre el asunto del que se protesta, no tienen tampoco otra opción que la de la pasividad y la impotencia. Y claro que esa circunstancia es precisamente la que actúa como una potentísima palanca de presión sobre el político a cuya posición se oponen los concentrados.
El fiscal ha puesto las cosas en su sitio al desenmascarar la figura que el juez había dibujado para tapar la realidad: que los que acuden a protestar ante las casas de los diputados o de los miembros del Gobierno eligen esos lugares porque saben muy bien, y tienen razón, que es ahí donde más les duele.
El riesgo de la resolución de Sexmero era que, una vez bendecida judicialmente esta nueva modalidad de acoso público, la práctica se extendiera a cualquier asunto y a cualquier responsable público. O, directamente, a quien se le antojara cada día a cualquier puñado de cabreados. El recurso del fiscal nos ha devuelto la confianza en la supervivencia de lo razonable.