Presunción

ESTE impresionante espectáculo del pueblo haciendo su cíclica calceta de sangre merece ser jaleado, y allá voy: Francisco Camps, ex presidente de Valencia; Demetrio Madrid, ex presidente de Castilla y León; Carlos Collado, ex presidente de Murcia; Julián García Valverde, ex ministro de Sanidad; Lluc Tomàs, ex alcalde de Llucmajor; Antonio Caba, ex alcalde de Estepona; Trinidad Rollán, ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz; Gustavo Villapalos, ex consejero de Educación madrileño. Todos ellos fueron imputados, procesados y absueltos. Para la gran mayoría de ellos la absolución llegó tarde: ya habían sido condenados socialmente y su carrera política había acabado. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, planteó ayer una pregunta muy pertinente y difícil: en qué momento un político (es decir, alguien cuyas opiniones morales se traducen en leyes), que resulte acusado de algún delito, debe abandonar su cargo. Una pregunta también valiente, porque en este asqueroso momento de España llevar un hombre a la hoguera de la inquisición mediática sale más barato que en cualquier otro país (¡qué risa si alguien tratara de elaborar aquí una ley para la Protección de la Presunción de Inocencia, como en Francia) y porque Convergència lidia con graves casos de corrupción.

Una acusación pasa por varias fases. La primera, periodística, comúnmente alimentada por la policía. Es un momento crucial, porque suele generar investigaciones judiciales. Y porque da una primera oportunidad al acusado, que debe responder siempre a los periódicos reconociendo su culpabilidad o declarando su inocencia. En este último caso, y por más que luego fiscales y jueces imputen (la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal va a cambiar la condición de imputado por la de investigado, y es un cambio semánticamente razonable) no veo razón alguna por la que una persona que se declara inocente deba abandonar su cargo. Las cosas cambian si el juez decide el procesamiento: de la investigación se ha pasado a la acusación. Es razonable que alguien sobre el que policías, fiscales y jueces han reunido indicios acusatorios abandone su cargo. Sólo se precisa un contrato: que en el caso de producirse la absolución el acusado sea restablecido en su honor y en su actividad. A tal fin conviene mucho que después del largo proceso no haya quedado reducido a ceniza.

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