Pactar la salida del sol
Resulta muy sorprendente el pacto de PP y PSOE en el asunto de las obligaciones preferentes comercializadas por las cajas de ahorros. Sorprendente porque nadie era consciente de que un desacuerdo entre ambos partidos estuviera bloqueando la posible solución. De hecho, la salida escogida, que es el arbitraje, ya la comenzó a aplicar con gran éxito Novagalicia en julio pasado y Catalunya Banc en noviembre.
El mismo 18 de diciembre de 2012 que Luis de Guindos anunció que el arbitraje se aplicaría también en Bankia, la entidad que más preferentes colocó entre la población, Novagalicia informó a este periódico que había aceptado 11.509 casos de arbitraje lo que suponía la devolución de 218,7 millones de euros. Estas cifras se han incrementado en las últimas semanas. Catalunya Banc dice estar tramitando unos 3.000 casos.
En realidad el auténtico obstáculo para una solución al asunto de las preferentes ha sido el comisario Joaquín Almunia y el Memorándum de Entendimiento firmado para conseguir el dinero del rescate bancario. Pero las pegas planteadas por Almunia no tienen nada que ver con su condición de socialista, sino con su cargo de comisario de Competencia y el pacto no alcanza hasta allí. Almunia ha sido durísimo en su negociación con Bankia. Esta entidad vio con escepticismo la solución del arbitraje porque en principio sus abogados pensaron que este proceso podía suponer una indemnización insdiscriminada a particulares costeada con dinero público.
Así las cosas, lo anunciado ayer equivale a algo tan tonto como que PP y PSOE han pactado que hoy salga el sol, cosa que no está en su mano garantizar.
Eso sí, han revestido su pacto con una gruesa capa de burocracia, creando una comisión de seguimiento formada por la CNMV, el Banco de España y los órganos de consumo de las comunidades autónomas. En realidad, en este proceso lo único importante es que haya una verificación independiente que garantice que el reclamante lo hace con base suficiente. Ese papel lo estaban cumpliendo las empresas de auditoría. Nadie puede impedir a los representantes del Estado acordar o pactar libremente sobre unas entidades que ahora son públicas. Pero resulta que en gran parte son públicas por sus errores.
El pacto no tiene verdadero sentido, salvo que se trate de un intento banal de PP y PSOE por frenar el deterioro institucional que estamos experimentando y que inquieta a la ciudadanía. Pero en vez de atacar las raíces del problemas, una vez más se ha cogido el rábano por las hojas.
john.muller@elmundo.es