Reformar en serio las pensiones

El asunto de las pensiones es un tema extremadamente sensible para el Gobierno. No sólo porque la actualización de las mismas según el IPC puede desestabilizar las finanzas públicas, sino porque la UE exigió una nueva reforma del sistema a cambio de retrasar un año el objetivo de déficit del 3%. El miércoles, el Gobierno envió al Congreso y a los agentes sociales su propuesta, cuyos parámetros son exactamente los mismos que fueron dados a conocer por EL MUNDO en julio pasado, pocos días después de que se consiguera tal aplazamiento en Bruselas.

En 90 días de estudio, el único cambio significativo ha sido la inclusión de los funcionarios entre los grupos que no podrán jubilarse de forma anticipada voluntariamente. No se ve una directriz clara del Gobierno en esta reforma y mucho menos entusiasmo por abordarla. Un ex alto cargo del Ejecutivo de Zapatero cree que esto se debe a que Rajoy no quiere perjudicar a los pensionistas después de haberlos esgrimido como justificación para no apoyar las famosas medidas de mayo de 2010. «Ahora el PP se ha dado cuenta del daño que nos hizo en aquella ocasión dejando solo al Gobierno. Fue una gran irresponsabilidad».

Hay asesores de Rajoy que tampoco están convencidos de la necesidad de una reforma acelerada porque piensan que la amenaza que pesa sobre nuestro sistema de reparto no es el envejecimiento sino el paro. Por eso, la propuesta oficial se centra en retrasar la jubilación anticipada o dificultar la parcial, para que la edad real de jubilación se sitúe en 63,5 años. Todo esto, además, llega al Congreso bajo la forma de una propuesta de consulta y discusión al Pacto de Toledo, por lo que la tramitación se puede alargar meses o, quizás, años.

También hay quien quita hierro al asunto y recuerda que ya en la primera legislatura de José María Aznar (1996-2000) se estudiaron varios informes sobre la necesidad de evolucionar de un sistema de reparto como el actual a uno de capitalización ante la inminente ruina del sistema. «La Seguridad Social no quebró. Eran lobbies financieros buscando satisfacer sus intereses», dice.

Desgraciadamente, las referencias mundiales sobre el asunto son muy desalentadoras. Según datos actualizados de un informe de 2007 del Banco Mundial (Reform Option I: Parametric Changes, de David A. Roballino), en los últimos 17 años, 62 países que contaban con sistemas de jubilación basados en el reparto tuvieron que aumentar la tasa de cotización por cada trabajador, 30 se vieron obligados a retrasar la edad de jubilación y 32 tuvieron que ajustar la fórmula de los beneficios (reduciendo el monto o las coberturas).

En América Latina ya hay nueve países aplicando sistemas de capitalización individual de sus pensiones. La rentabilidad del sistema en diciembre de 2011 iba desde el modesto 2,79% de la República Dominicana al 10,62% de Colombia pasando por el 8,8% de Chile, el primer país que puso en marcha un sistema de este tipo en 1981. El sistema de capitalización no libra a las aportaciones de los trabajadores de la rapiña política: el mayor retroceso en este sentido se vivió en Argentina en 2008, cuando el Gobierno de Cristina F. Kirchner estatalizó las pensiones privadas para sanear las finanzas públicas.

john.muller@elmundo.es