Los diccionarios de uso del castellano deberían registrar la expresión efecto Urdangarin como prototipo de devastación de instituciones del más alto nivel a consecuencia de las actividades delictivas de un único sujeto. Porque es todo un tornado político lo que está provocando este hombre, cuya condición de yerno del Rey ha sido el arma que ha manejado con una destreza y un descaro insuperables. Un arma única, pero dotada de un poder casi nuclear, capaz de abatir leyes y reglamentos y de involucrar en sus manejos a personas incautas, que pueden acabar siendo también reos de delito.
A Rita Barberá y a Francisco Camps les acaba de pasar el juez una factura que ya veremos hasta dónde asciende. Y eso porque, presuntamente, cometieron la torpeza, o la ingenuidad, o la oficiosidad, de plegarse a las propuestas del yerno del Rey, convenientemente expuestas en el mismísimo palacio de La Zarzuela.
Hay que dar por hecho que, a aquellas alturas, ni el Rey ni Alberto Aza, entonces jefe de la Casa, tenían la menor idea de que el Instituto Nóos era una simple tapadera fabricada para que el jugador de balonmano y su socio se enriquecieran fraudulentamente y a manos llenas. Pero, si esa reunión con los dirigentes valencianos se celebró allí –y la minuciosísima descripción hecha por Diego Torres ante el juez, hace pensar que sí–, lo que es seguro es que estaba diseñada con el único propósito de deslumbrar a ambos y conseguir, sin necesidad de más negociación ni más gestiones, que doblaran el espinazo ante tamaño despliegue de prestigio de realeza, y dieran el visto bueno a lo que se les pusiera delante.
Ya hemos oído varias veces en boca de empresarios que fueron estafados por Urdangarin, una justificación que podría hacerse extensible a casi todas sus víctimas: «Siendo quien era, ¿cómo le iba yo a negar esa aportación?».
Responsabilidades penales al margen, la inmensa, la gigantesca responsabilidad del marido de laInfanta Cristina es la de haber contaminado de modo tan obsceno a la Casa Real en sus manejos. Porque una cosa es que sus lazos familiares fueran de dominio público, y que bastara su presencia para que cualquier propuesta suya llevara aparejada la fuerza de su posición, y otra, trascendental, es que se haya atrevido a elegir como sede para culminar sus enjuagues la residencia del Jefe del Estado.
Y aquí entra ya la segunda parte de la historia, que todavía está pendiente de quedar establecida como verdad judicial. Y es que todos los millones que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia destinaron a los proyectos de Urdangarin y Diego Torres salieron de las arcas públicas eludiendo cualquier tipo de control. No es sólo que al yerno del Rey resultaba inimaginable suponerle intenciones delictivas. Es que, fue tanta y tan ciega la fe que los contactados ponían en su persona y en su significado institucional, que los que puede que se mostraran decididos a delinquir fueran los propios estafados, víctimas entonces de un frenesí cortesano que ahora se estrella contra el muro de la ley.