Pregunta.- ¿La posición de Carlos Dívar tras el Pleno extraordinario del CGPJ celebrado ayer significa que su dimisión es inminente?
Respuesta.- Él dice que su respuesta será el jueves, y contundente, ante una situación insostenible. La respuesta a su pregunta es evidente y ha de respetarse su voluntad.
P.- ¿Que el Supremo haya dado por zanjado, desde lo penal, el caso Dívar no es suficiente?
R.- Son cuestiones diferentes. Una es el aspecto penal, que no nos corresponde a nosotros, sino al Supremo, cuya decisión respetamos porque ha decidido desde la competencia y la aplicación de la ley y tiene la última palabra. Y otra el político. El CGPJ es un órgano político y el presidente, Carlos Dívar, es presidente del Supremo, pero también del CGPJ. Así, políticamente, el tema no está terminado.
P.- Vamos, que aun sin delito de malversación, debe dimitir. ¿Por qué?
R.- Carlos Dívar tiene dos opciones: dar explicaciones o dimitir. Y debe dimitir porque se ha generado una sombra de duda sobre toda la institución, y lo que es más grave, sobre todo el poder judicial, los 5.000 jueces que trabajan de forma rigurosa. Esa sombra de duda existe, y si él no da unas explicaciones precisas sobre sus actuaciones, debe asumir la responsabilidad. Cuando uno tiene una responsabilidad pública tiene un mayor nivel de exigencia, que pasa por ser austero y transparente.
P.- Pues él dice que no ha cometido ninguna irregularidad política, jurídica, ni moral, y que si dimite se le declararía culpable…
R.- Es que en este país tenemos una cultura de que la dimisión va unida a la culpabilidad, pero no es así. Yo no dudo de que Dívar haya actuado con arreglo a la norma, pero en política las apariencias son tan importantes como la realidad. Aceptando que Dívar actuó con arreglo a la norma, se ha creado una crisis en la institución y un daño al poder judicial, y el único que puede terminar con ello es él. Durante 40 años, Dívar ha tenido una trayectoria impecable y ahora debería estar a la altura y dimitir para no dañar a la institución.
P.- Según se ha dicho, no sólo él, ningún vocal ha explicado sus gastos, porque sus normas así lo establecen y en ese caso la vara de medir sería distinta con Dívar, ¿no?
R.- Ese planteamiento no es correcto. Aquí la cuestión es si actividades privadas se han sufragado con dinero público. No se puede amparar en que las normas del CGPJ no exigen que se justifique en qué se gasta el dinero, aunque sea cierto. Él ha dicho que esas actividades eran públicas y lo que se le pide es que las explique, algo muy sencillo de hacer.
P.- ¿Este caso ha sumido al CGPJ en la peor crisis de su historia?
R.- No sé si es la peor. En tiempos de Pascual Estevill se vivió una crisis muy grave, pero ésta es de calado. Pido que nadie use esta crisis para arrimar el ascua a su sardina y hacer reformas en el CGPJ que menoscaben la separación de poderes.
P.- Pues muchos sostienen que detrás de esto hay una operación de derribo, una guerra de poder dentro del CGPJ, y de ahí la posición crítica que usted representa.
R.- Yo no tengo ambición de poder y, además, estamos ya en el tercio final del mandato. No es un problema de luchas internas. Los cuatro vocales que hemos defendido la dimisión de Dívar no lo hacemos por afán de poder, sino porque nos preocupa que esa duda se extienda sobre todo el CGPJ, y que los ciudadanos metan en el mismo saco a todos los jueces. Los 5.000 jueces de este país, que trabajan con rigor, están avergonzados de lo que está ocurriendo.
P.- Se ha cambiado la norma para que haya mayor transparencia, y eso es bueno, ¿no?
R.- Sí. Pero la norma que estaba vigente no justifica que actividades privadas se paguen con cargo a fondos públicos. La normativa es igual para todos y sólo en un caso ha habido anomalías. Es falso que los vocales cargáramos a fondos públicos actividades privadas, y ahí está la documentación. Trasladar la idea de que los miembros del CGPJ somos corruptos nos daña a todos y es demoledor para la institución.
P.- ¿Carlos Dívar es un corrupto?
R.- Rotundamente, no. Una cosa es cometer errores y otra es la corrupción. Si Carlos Dívar, como él ha dicho -y yo no lo pongo en duda-, ha actuado conforme a la norma, sólo tiene que explicarlo. Y me parece abyecta la campaña de ataques personales que está sufriendo, que descalifica a quienes los hacen.
P.- También Gómez Benítez ha quedado en entredicho, y algunos piden su dimisión. Le acusan de deslealtad con el CGPJ.
R.- Gómez Benítez entendió que tenía que denunciar y acudió a la Fiscalía General del Estado. Yo no lo hubiera hecho, pero hay decisiones que corresponden a cada uno. Yo he optado por ir al Congreso.
P.- ¿Es partidaria de que Garzón sea indultado?
R.- El indulto es un derecho de gracia que le corresponde al Gobierno. Yo no soy quién para decirle al Gobierno lo que tiene que hacer en el ámbito de la política de gracia.
P.- ¿La Audiencia Nacional, con ETA fuera de juego, tiene sentido, o habría que disolverla?
R.- La Audiencia Nacional ha cumplido un papel, inigualable, aunque considero que ya no tiene razón de ser. Es verdad que cada vez hay más delincuencia económica, pero esos casos se pueden resolver en juzgados especializados en las CCAA o provincias.
P.- ¿Comparte la opinión mayoritaria de los ciudadanos de que los corruptos económicos deberían devolver el dinero o cumplir más cárcel?
R.- Eso con la legislación actual se puede hacer. Lo que ocurre es que muchas veces el dinero desaparece o está en paraísos fiscales. Por eso es imprescindible que la Fiscalía General del Estado y la propia Audiencia Nacional sigan el dinero hasta el último punto. Estoy de acuerdo en que no se trata sólo de ir a la cárcel, sino de devolver el dinero.
P.- ¿La cadena perpetua revisable es diferente a la cadena perpetua en su concepto tradicional?
R.- Soy absolutamente contraria a la cadena perpetua, porque la Constitución dice lo que dice. No conozco el texto donde se desarrolla la cadena perpetua revisable, pero la reinserción difícilmente se cumple con una cadena perpetua. Ese tema habrá que desarrollarlo minuciosamente para que no sea inconstitucional.