El Gobierno avanza en su intención de reformar la Ley Electoral (Loreg) para posibilitar que las personas que tuvieron que dejar el País Vasco a causa de la amenaza de ETA puedan ejercer su derecho al sufragio en su comunidad de procedencia. Sin embargo, la elaboración del censo de desterrados -entre 200.000 y 300.000, según diversos cálculos-, como los denomina el PP, no resulta fácil.
Hace varios meses que el asunto está sobre la mesa de la asesoría jurídica del Palacio de la Moncloa y ahora el Ejecutivo ha decidido ampliar el debate a expertos en Derecho Constitucional y otros juristas de prestigio para sustentar legalmente sus aspiraciones y encontrar una fórmula viable que ayude a materializarlas.
Con esta finalidad, la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior han organizado una jornada el próximo 7 de junio en Madrid, que reunirá en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a una quincena de expertos. El seminario congregará a catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, ex vocales de la Junta Electoral Central y abogados en Cortes.
El debate está convocado bajo el título de Residencia y derecho de sufragio. Análisis del caso vasco, y la ponencia correrá a cargo de Fabio Pascua Mateo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, letrado de las Cortes Españolas y experto en normativa electoral.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que hoy clausura en Bilbao el Congreso sobre Memoria y Convivencia, organizado por el Gobierno vasco, anunciará mañana en la capital vizcaína la celebración de este seminario durante la presentación en el encuentro de Fórum Europa del presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti. El líder regional del PP es el principal impulsor de que los ciudadanos que tuvieron que abandonar la comunidad autónoma y no desean regresar puedan votar en ella pese a mantener su residencia fuera.
Para Basagoiti, «la restitución de los derechos políticos» a quienes huyeron por la amenaza de ETA sigue siendo una prioridad, tal y como quedó plasmado en febrero en la ponencia política aprobada por el congreso nacional de su partido. «Un País Vasco en paz y libertad», recogía el texto, «es una sociedad en la que puedan decidir su presente todos aquéllos que se han visto obligados a dejar la tierra en la que nacieron o en la que vivieron».
La posibilidad abierta de un próximo adelanto electoral en el País Vasco, tras la ruptura por el PP del pacto que sustentaba al Gobierno socialista en minoría de Patxi López, pone de relieve la importancia de la iniciativa abanderada por los populares. El partido de Basagoiti ha impulsado esta reforma, que garantizaría la participación de los ciudadanos vascos exiliados en las elecciones vascas previstas en la primavera de 2013. Pero el adelanto a otoño de los comicios autonómicos dificultaría su aplicación en esta cita electoral.
El compromiso de presentar una iniciativa para cambiar la ley electoral fue asumido también directamente por el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Leopoldo Barreda, en aras de lograr una «restitución democrática» y tras contar con el visto bueno del propio Mariano Rajoy. El Gobierno pretende ahora que de los informes de los asesores de La Moncloa y del seminario del día 7 salgan las bases de propuestas concretas de reforma de los artículos de la Loreg referidos al censo y los requisitos para ser elector.
La definición de quién tiene derecho al voto es el asunto más difícil de objetivar y la confección del censo resulta complicada ante la falta de registros o documentación al respecto. Tan sólo existen algunas aproximaciones generales a eventuales cifras sobre posibles desterrados. Un informe publicado en 2008 por la Fundación BBVA aseguraba que casi 200.000 personas habían abandonado el País Vasco desde que ETA inició su actividad terrorista. Y Basagoiti subraya siempre que frente al crecimiento del censo electoral español, el vasco se ha visto mermado desde 1979 en 309.000 votantes.
La reclamación del derecho al voto de los que tuvieron que marcharse del País Vasco no es una reivindicación de hoy. Hace años que el Foro Ermua y algunos colectivos de víctimas trasladaron a los partidos esta pretensión, con el argumento de que vascos exiliados en Hispanoamérica, afectos generalmente al nacionalismo, votan con normalidad en las elecciones vascas, mientras que personas que se han visto obligadas a trasladarse a otros puntos de España por la amenaza de ETA no pueden hacerlo.
«¿Por qué pueden votar en Euskadi los vascos de Argentina o de México, y no los de Madrid, Alicante o Málaga?», se preguntó Basagoiti al presentar su iniciativa en el Parlamento vasco. En la Cámara, el dirigente popular expresó su convicción de que el equilibrio de fuerzas en la comunidad autónoma cambiaría si se dejase votar a quienes se marcharon de forma obligada. «Hay más desterrados que votos tiene la izquierda abertzale», sentenció.
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