Los populares no darán un paso atrás en su decisión de negar la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular o a extranjeros sin convenios de reciprocidad con sus países. Así lo confirmaron ayer el Gobierno y el PP en su defensa del decreto de ajustes en sanidad.
Sin embargo, la falta de ese título de aseguramiento -que el decreto «universaliza» para el 100% de los españoles y residentes legales-, apenas afectará a la propia atención sanitaria. Al menos, ése es el mensaje que ayer trasladó la ministra Ana Mato: «Ninguna persona va a quedar desatendida», dijo en RNE.
Como era sabido, el decreto garantiza en toda España a los sin papeles que seguirán siendo atendidos en urgencias por accidente o enfermedad, hasta el alta médica; que los menores de 18 años tendrán una cobertura sanitaria completa, y las embarazadas, la especializada, incluyendo el parto y el posparto.
Pero la novedad, el compromiso explicitado ayer por la ministra -y ampliado luego por el responsable de Sanidad del partido, José Ignacio Echániz-, es que los inmigrantes irregulares accederán también a los tratamientos especializados de enfermedades crónicas y graves, a través de los convenios que las comunidades autónomas firmarán con las ONG, o de sus propios servicios sociales. En palabras de la ministra, «todos los que tengan cáncer o sida van a seguir siendo atendidos».
En este sentido, Echániz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, dijo que el sistema de convenios rige ya entre las ONG y la Administración «para atender algunas patologías prevalentes», y, a modo de ejemplo, informó a este diario de su propósito de aprobar esta semana en su comunidad un Plan Regional de Integración Social (PRIS), que incluirá parte de estos gastos.
Según insistían los populares, «nadie en España se va a morir sin atención a la puerta de un hospital».
Y cuando este diario les preguntó ayercómo contemplarán esos acuerdos con las ONG la circunstancia de inmigrantes sin papeles que precisen de hospitalización o tratamientos farmacológicos, desde el PP y el Ejecutivo contestaron que las asociaciones «llamarán al hospital y éste ingresará al paciente. Nadie quedará sin atención».
Las fuentes consultadas justificaron el decreto: «Una cosa es la tarjeta sanitaria y otra la atención sanitaria. No se puede dar tarjetas a todo el mundo. No puede ser que un extranjero venga por la mañana, se empadrone por la tarde y se opere por la noche. Esto era un coladero. Se utilizaba la tarjeta sanitaria como una tarjeta de crédito. Y eso es muy injusto, porque un día no habrá dinero ni para las vacunas. Está muy bien ser solidarios, pero todo tiene un límite». Según los datos aportados, España ha generado un excedente de 700.000 tarjetas sanitarias sin derecho legal alguno y un gasto anual de más de 900 millones euros.
Los populares critican al PSOE por no haber aplicado la Directiva de 2007 -que marcaba las diferencias de derechos entre europeos y residentes ilegales, y contradecía la Ley de Extranjería española- e insisten en la necesidad de hacer una «liposucción» para «quitar grasa» al sistema de salud y «salvarlo».
En el mundo de las ONG las reacciones al anuncio de Mato tuvieron mucho que ver con la sorpresa, el desconcierto y la crítica. «Es un mal parche para callarnos la boca. Nosotros no queremos ni tenemos el rol de médico». Lo dijo Juan Ramón Barrios, miembro de la comisión ejecutiva de Cesida, que agrupa a un centenar de colectivos que trabajan con población seropositiva.
El correo electrónico de la sede central de Cesida se llenó ayer de mensajes de las ONG que preguntaban en qué iban a consistir esos acuerdos anunciados por Mato y, sobre todo, qué tipo de atención médica les iba a ser requerida. «No entendemos el anuncio. Si en los Presupuestos han recortado las partidas destinadas a las ONG y al Plan sobre el Sida, ¿dónde cabe lo que ha dicho la ministra?», se pregunta Barrios. Cesida plantea «quién va a tratar» a los sin papeles crónicos o graves. «Las pruebas, las analíticas, las recetas... ¿Las vamos a asumir nosotros? No podemos. Cuando un inmigrante necesita tratamiento, nosotros lo derivamos a los servicios de salud. Los fármacos antirretrovirales sólo se dispensan en las consultas de infecciosos y las farmacias hospitalarias. ¿Se lo van a dar cuando vean que no tiene tarjeta sanitaria?»
Para Barrios, la medida anunciada por Mato «forma parte del desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud». «Es una forma de trabajar en precario, de volver a la caridad».
Pero ni las quejas de las ONG ni los anuncios de recursos por parte del País Vasco y Cataluña lograron mover un ápice la posición del Gobierno y del PP. Echániz rebajó ayer esta última amenaza contra el Decreto -«son sólo anuncios»-, y exhortó a las comunidades más críticas a «arrimar el hombro». Mato, no obstante, fue más expeditiva: «La norma es de obligado cumplimiento y si alguien no cumple la ley habrá que obligarle a cumplirla, y los tribunales están para eso».