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  • John Muller

Estatutos sin fondos

Los derechos políticos, económicos y sociales son papel mojado si no se pueden financiar de manera sostenible. A determinados grupos en nuestro país siempre les ha parecido que esta es una afirmación bastarda que se debe soslayar con la fuerza de la ley. Por eso, nuestro texto constitucional reconoce derechos que podemos calificar de virtuales (a la vivienda digna o al trabajo), porque son imposibles de garantizar a toda la población. En realidad, ya hemos aprendido en estas tres décadas que son papel mojado.

Tras los redactores de la Constitución, José Luis Rodríguez Zapatero fue el campéon de la proclamación de derechos insostenibles. Lo hizo a sabiendas cuando dictó la Ley de Dependencia, a la que denominó «el cuarto pilar del Estado de Bienestar», sin memoria económica, y encomendándosela a unas comunidades autónomas que protestaron desde el primer momento.

Ayer, la inutilidad de algunos textos legales volvió a quedar de manifiesto cuando Cristóbal Montoro dejó en cero euro la partida destinada a cumplir con las disposiciones financieras de los estatutos de autonomía 2.0 que son los que surgieron a imagen y semejanza del Estatut catalán en Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla-León.

Estos textos prevén criterios divergentes a la hora de fijar la financiación que el Estado central debe garantizarles. En Cataluña es su aportación al PIB, en Andalucía es la población, en Aragón, la superficie y la despoblación; en Castilla-León, las zonas que menos crecen...

Montoro cortó por lo sano y como no hay dinero, volvió a poner de manifiesto que esos estatutos están muy lejos de poder imponer condiciones al Estado, como ya indicó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. La realidad es que son estatutos sin fondos, insolventes. El ministro de Hacienda está dispuesto, con la Constitución y los tratados europeos en la mano, a hacer frente a todos los recursos que las comunidades afectadas quieran presentar.

La ficción mantenida durante años por Zapatero, por convicción o por necesidades de su geometría variable parlamentaria o de los poderes fácticos internos de su partido, quedó en evidencia cuando Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del PP, advirtió ayer a los nacionalistas que en estos Presupuestos no hay nada que «mercadear».

Las comunidades, que según los cálculos de Antonio Beteta deberían haber perdido un 5% de su financiación territorial y en cambio mejoran un 0,19%, tendrán que asumir el realismo de las cuentas presentadas ayer. La situación no deja margen de maniobra. A los 100 días, los mercados ya le han puesto la proa a Mariano Rajoy y la caída de la Bolsa, con un fuerte posicionamiento de los bajistas, sólo presagia que la tensión se trasladará a la deuda. Y nuestro principal handicap en el exterior sigue siendo la falta de credibilidad financiera de nuestro modelo autónomico.

john.muller@elmundo.es