POBLADO GITANO DE PUERTA DE HIERRO

Donde Madrid «viola los derechos humanos»

Habitantes del poblado de Puerta de Hierro, con algunos de sus hijos, ante una de las casas que quedan en pie y delante de cascotes. / SERGIO GONZÁLEZ

Primero fue Teresa. Luego, Janira. La pasada semana, después de los últimos derribos, otras dos embarazadas comenzaron a sangrar.

Cuando usted lea estas líneas probablemente ya serán cuatro las mujeres que habrán perdido sus embarazos en el poblado de Puerta de Hierro después de que la piqueta municipal derribara una decena de casas desde inicios de 2010. «Y uno de los hijos de Janira duerme fatal desde hace varios meses. El médico dice que es epilepsia nocturna causada por el estrés».

El Ayuntamiento de Madrid «viola los derechos humanos», según Amnistía Internacional (AI). En el siglo XXI en Europa. Y los viola en esta esquina de Madrid, derribando casas «sin orden judicial, sin informar a sus moradores, sin ofrecer alojamiento alternativo y sin tener en cuenta la salud de mujeres y niños, que están sufriendo especialmente la situación», asegura la organización.

Las víctimas: unas 300 personas, 70 de ellas niños. «Es un caso de manual de desalojo forzoso», un caso que «contraviene todas las normas del derecho internacional», dice AI. Hasta un enviado especial de Naciones Unidas se interesó especialmente por el tema hace un par de meses.

Botella ha respondido a AI por carta que «la actuación del Ayuntamiento siempre ha sido modélica», y que se ha actuado siempre «de forma coordinada con el Samur Social». El Ayuntamiento sostiene que la destrucción del poblado forma parte del Plan de Erradicación del Chabolismo, que el suelo es de titularidad pública, que la zona es de alto valor ambiental y que los desalojos cumplen la ley. Para AI, ese cumplimiento es «como poco dudoso».

Aclaremos: Puerta de Hierro no es la Cañada Real. No hay ni droga, ni inadaptación social, ni degradación. Los vecinos han desempeñado habitualmente trabajos reglados en agricultura, chatarrería, hostelería, la depuradora aledaña... «Los niños han estado siempre escolarizados y jamás ha habido problemas de orden público», dice Giulia Tamayo, responsable de Investigación de AI, que ha denunciado los hechos ante el Defensor del Menor.

El problema en la base de todo, dice AI: no se sabe de quién es el terreno, junto a la A-6, sobre el que se asienta el poblado en el que han vivido, desde 1961, cinco generaciones de una misma familia, originada por un matrimonio entre una paya y un gitano. «El Ayuntamiento no dice de quién es el terreno, quién es el propietario», aseguran en Amnistía. «Hemos pedido hasta un informe en negativo, para que dijeran al menos que no es de ellos, que no es público, pero ni eso. El proceso es absolutamente opaco, no hay transparencia».

Sigue Giulia Tamayo: «Los habitantes no han participado en el proceso, no se les ha preguntado nada. Tampoco se les ha informado de nada, ni ha habido información pública. Todo ello se exige en el derecho internacional. Además, tiene que haber una atención adecuada a menores, a mujeres y a las peculiaridades del grupo en cuestión. Esta gente es de etnia gitana y el Ayuntamiento ha intentado separar a los patriarcas del resto del grupo, cuando son los que aglutinan al colectivo y toman las decisiones, y los que por ejemplo obligan a los jóvenes a cumplir la ley. Intentaron separar a siete de ellos del grupo: el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, por ejempo, ha penalizado al Reino Unido por no tener en cuenta las características de las familias gitanas».

La historia del enclave comienza en 1961. La matriarca de todo esto era cocinera de los marqueses de Urquijo, cuenta Merche, la portavoz del poblado. «Esto, al principio, eran los arenales de Madrid, de donde se sacaba la arena para las obras. Aquí había un merendero, un quiosco que era propiedad de una mujer, Celestina Blanco, a quien le había dado el terreno la marquesa de Villaverde».

La primera demolición, en octubre de 2010, destruyó la casa en la que la matiarca Carmen había vivido, un caserón que databa entonces de 65 años. «Se tiró abajo con las mismas garantías con que se tira una chabola recién construida, pero en realidad era una vivienda estable y con mucha historia detrás», dicen en AI. Y explican por ejemplo cómo los moradores habrían tenido la posibilidad de adquirir los terrenos, a los 30 años de su llegada, por usucapión, «pero jamás nadie les informó de esa posibilidad, y el Ayuntamiento ha actuado como si no existiera».

Ahora varias familias se hacinan en cuatro construcciones en el poblado, como dice Antonio, «esperando a que tiren lo que queda».