ALBERTO DI LOLLI
Antonio Beteta (Madrid, 1955) es abogado, de larga trayectoria en la política regional madrileña, y ya fue pieza clave en 2000 en el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro.
Pregunta.- ¿Se pone en peligro el Estado del Bienestar al tener que asumir las comunidades autónomas un gran ajuste este año?
Respuesta.- La decisión que ha tomado el Gobierno de asumir ese 0,5% de recorte en el escenario de déficit que se había planteado coloca a las comunidades en una situación de mayor comodidad que la que tiene el Estado, porque la financiación global de las autonomías va a ser mejor que el año pasado. Van a tener más líquido y no van a poder desviarse una centésima del déficit del 1,5% que tienen marcado. Con esos mimbres, las comunidades autónomas no tienen excusa ninguna para incumplir los escenarios. En cuanto a los temas competenciales, hay un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se les preguntó qué actuaciones son necesarias para cumplir el objetivo de déficit, no sólo este año, sino muy especialmente en 2013. Pero muchas aún no han enviado documentación.
P.- ¿Le preocupa alguna comunidad, en concreto, por su déficit?
R.- Me preocupa Andalucía por su oscurantismo, porque no ha remitido los datos sobre proveedores ni sobre empresas públicas. La transparencia es una virtud en democracia y la Junta la ha incumplido. Y quien no es transparente, tiene algo que ocultar. Las empresas hablan de cifras crecientes y cada vez peores, pero es un indicio, tenemos que relacionarlos con las administraciones.
P.- ¿Es viable el Estado de las autonomías o hay que reformarlo?
R.-El Estado de las autonomías es un éxito y recoge las aspiraciones colectivas de los españoles, pero en su ejecución ha cometido determinados abusos que se han transformado en ineficiencias y que han hecho que sobre una misma competencia hayan actuado hasta tres administraciones distintas solapándose. El sistema, como representativo, es bueno, pero es demasiado caro y hay que buscar la sostenibilidad de los servicios gestionados, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, pilares del Estado del Bienestar. Siete de cada 10 euros de sus presupuestos son gasto social. Y para mantenerlo y seguir prestando servicios públicos de calidad, tenemos que reformular el modelo.
P.- Hay récord de empleados públicos en España. ¿Sigue siendo un tabú despedir funcionarios?
R.- No está en la agenda del Gobierno despedir funcionarios en ningún caso. Creo que hay una demonización del empleado público como persona poco trabajadora e ineficiente. En absoluto se corresponde con la realidad. En las administraciones públicas hay gente de todo tipo, como en la vida real. Cierto es que hay margen de actuación. Sí se puede actuar, y se está actuando ya, en relación con las empresas públicas. Comunidades y ayuntamientos están disolviendo algunas y acometiendo Expedientes de Regulación de Empleo, y es lógico que personas que estaban trabajando no sigan prestando servicios. Sabemos que hay administraciones territoriales con muchos retrasos en el pago de los salarios a sus empleados. Cuando eso ocurre, es señal de que hay que redimensionar, porque quien trabaja tiene derecho a cobrar. Pero el Gobierno cree en la función pública.
P.- ¿Para cuándo los hispanobonos para las autonomías?
R.- Lo que pretendemos es trabajar con las comunidades para que en junio haya un instrumento financiero que, en un mercado muy complicado y cerrado, todas las comunidades autónomas, con déficit y deudas autorizados, tengan un instrumento eficaz. Que sean hispanobonos u otra cuestión, está por decidir.
P.- ¿Qué piensa cuando la Generalitat de Cataluña organiza consultas soberanistas y le pide a usted, al mismo tiempo, hispanobonos?
R.- Cuando veo eso, pienso que así es España. Me confirma que son españoles, como todo el mundo sabe. España es plural. Otra cuestión son ciertos discursos que tienen poco que ver con la realidad de las personas, que lo que piden es trabajo.
P.-La Generalitat plantea que, o se negocia en esta legislatura el pacto fiscal o apuesta por la independencia ¿Hay margen de negociación?
R.- Procuraremos convencerles de que no hagan ninguna de las dos cosas esta legislatura: ni el pacto fiscal ni apostar por la independencia. En este momento, lo que toca es trabajar por los parados catalanes. Toca que Cataluña esté financiada y satisfacer su petición en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de solucionar su endeudamiento. Quizá con otros mecanismos, con el apoyo de España, le saldrá todo mejor. Es lo que hay que hacer en estos momentos. Sacar reivindicaciones como balanzas fiscales es un error. En cuanto al resto de las reivindicaciones, mucho respeto, pero no toca ahora.
P.- ¿Por qué han fallado los controles internos del conjunto de las administraciones, que se suponen plagadas de profesionales, independientemente de la gestión política?
R.- Son buenos funcionarios y, por ejemplo, los interventores no pueden hacer nada, porque no se han cumplido los escenarios de ingresos y gastos de los presupuestos. No es culpa del interventor. Lo que ha ocurrido es que todas las comunidades gastan mucho más de lo que se les asignó en las transferencias, sobre todo en sanidad; por ejemplo, en las carreras profesionales. Hay comunidades que pagan más a sus médicos y eso no estaba en la transferencia. Además, algunas han creado nuevos servicios sanitarios que han requerido infraestructuras aumentando el gasto. Lo han hecho porque sus ingresos crecían a tasas de dos dígitos por la situación económica y el mercado inmobiliario.
P.- ¿Son muchos 8.000 ayuntamientos?
R.- En términos comparativos, sí. Tan sólo hay que ver el número de ayuntamientos que tienen los países de nuestro entorno en función de su población. Depende de cómo entendamos el modelo local. Más de la mitad de los ayuntamientos no tiene viabilidad económica. Es decir, su número de vecinos es tan pequeño que es complicado ser un centro eficiente de prestación de servicios. Lo importante debe ser la representatividad. Hay que conectar estos dos principios: eficiencia en la gestión y representatividad. Vamos a negociar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) actuaciones en estas materias.
P.- Es decir, el Gobierno va a potenciar las fusiones.
R.- Con fusiones o con muchas otras técnicas. Hay comarcas, mancomunidades o una mayor utilización de las diputaciones provinciales como órgano de prestación de servicio. Hay que hacer de todo para conseguir eficiencia.
P.- ¿Esto significará que habrá menos cargos políticos?
R.- Es difícil pensar, por ejemplo, que un alcalde de un pueblo con 300 habitantes sea un cargo político. Es un vecino que dedica parte de su tiempo al pueblo.
P.- Pero hay quienes se fijan unos sueldos desorbitados.
R.- Aquí hay que actuar.
P.- ¿Limitando, por ejemplo, los sueldos según la deuda, el déficit o el número de habitantes?
R.- Es un compromiso que tiene asumido el Partido Popular y que el Gobierno atenderá. Ya lo hemos hecho con las empresas públicas y actuaremos también fijando limitaciones en los ayuntamientos.
P.-¿No se invaden competencias?
R.- Las leyes locales son competencia del Estado, aunque hay autonomías que tienen las suyas. Hablaremos con ellas. Si las administraciones públicas no se aprietan el cinturón, no tenemos legitimidad para pedírselo a los ciudadanos, que ya lo están haciendo. Una administración no puede vivir al margen de a quienes sirve.
P.- ¿Cuándo se van a suprimir las competencias impropias que desarrollan los ayuntamientos? ¿Supondrá eso más gasto para las comunidades autónomas?
R.- Sí. Los ayuntamientos han tomado decisiones -con los consiguientes gastos- que no son estrictamente competencias suyas. Esto tiene que acabar, y se estudiará en la Comisión Nacional de la Administración Local. El sector local se comporta más o menos bien en el déficit. El año pasado registró una mínima desviación en su objetivo y su tendencia es hacia el cero. Pero tenemos que tomar medidas para que presten los servicios de su competencia. El problema es que se quejan de que su comunidad autónoma no les paga esos servicios, y la corporación municipal entonces no paga al proveedor. Eso hay que cortarlo. Las comunidades autónomas tendrán que hacerse cargo de estas actuaciones de los municipios y tendrán que tomar sus propias decisiones de mantenerlas o no.
P.- ¿Cuándo se va a aprobar la reforma de la normativa estatal para abaratar costes autonómicos?
R.- Está en manos de las propias comunidades autónomas. Dijimos que estábamos dispuestos a estudiar esas propuestas. Se dio un plazo, algunas ya han enviado documentos y otras no. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se les requirió a todas para que los envíen. Faltará conectar los números con servicios y se tramitará antes del verano.
P.- ¿Ha habido despilfarro en gasto sanitario o en fármacos?
R.- Lo que hay es un gasto excesivo en muchas cosas y, en consecuencia, hay que ajustar el gasto a la realidad y la eficiencia. Hay que saber lo que debemos pagar entre todos para tenerlo garantizado. Es el gran desafío, porque tiene que ver con otras duplicidades que deben suprimirse por la realidad del momento.