Un juez ha constatado lo que 450 ONG y 40.000 firmas llevan denunciando desde hace tiempo: «el palmario hacinamiento existente» en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la localidad madrileña de Aluche, donde la semana pasada se detectó un caso de meningitis. La sin papeles congoleña Samba M., de 41 años, murió el día 19 de esta enfermedad a las pocas horas de ser trasladada en estado muy grave al hospital y sin que hubiera sido diagnosticada previamente. Había permanecido 38 días recluida en estas instalaciones, durmiendo y conviviendo a todas horas con otras internas.
El magistrado Ramiro García de Dios, del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, señala en un auto la «especial gravedad» del caso del CIE de Madrid, «en el que tan siquiera existe una habitación de enfermería donde los internos enfermos pudieran estar aislados de los sanos».
El auto lleva fecha de 21 de diciembre; es decir, un día después de haber sido informado de oficio del «fallecimiento de una ciudadana internada» en estas instalaciones, tal y como relata en el escrito.
Tras realizar diversas visitas presenciales en sus funciones de juez de control jurisdiccional del CIE, García de Dios comprueba que en el centro «no existen habitaciones individuales, ni dobles, ni triples tan siquiera», sino que «mayoritariamente» son instalaciones «absolutamente inapropiadas, en cuyas habitaciones incluso se carece de cuarto de aseo».
«No resulta, por tanto, extraño, desde el punto de vista técnico, que enfermedades infecciosas como cierto tipo de meningitis se puedan propagar con extrema y alta facilidad», sostiene el magistrado, uno de los tres que realiza una labor de vigilancia del CIE de Aluche ante la inexistencia de un reglamento que regule el funcionamiento de éste y los otros ocho centros de extranjeros repartidos por España.
«Lógicamente, la ausencia de una habitación de enfermería facilita la propagación de enfermedades vía contagio en muchos casos, pero, al parecer, tal evidencia no ha sido constatada por el señor director del centro, donde el hacinamiento y la escasez de espacios es palmario», añade, dando un fuerte tirón de orejas al responsable del CIE, Jesús Mateos.
Según confirmaron en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Samba M. fue trasladada desde Melilla al CIE de Aluche el 11 de noviembre para ser identificada, ya que no tenía papeles. Tras enfermar, fue llevada al Hospital 12 de Octubre el pasado día 19, donde murió a las pocas horas. Se le realizó una punción que corroboró que tenía meningitis y se activó «de forma instantánea» un «protocolo profiláctico a todas las personas del centro que hubieran estado en contacto con ella».
El juez afirma, por su parte, que Samba M. «ya desde el 12 de noviembre había recibido una primera consulta, según el informe médico que se ha remitido de oficio», y «no parece concluirse que la difunta hubiera sido diagnosticada a tiempo».
Es decir, no sólo cuestiona la gestión de la dirección del CIE, sino la cualificación de sus servicios sanitarios, que han sido puestos en entredicho en anteriores ocasiones.
«Habida cuenta de la gravedad de las carencias que posibilitan la eventualidad de contagio de enfermedades como la meningitis», el magistrado ordena al director del CIE que habilite estancias para separar a las personas internadas que hubieran tenido contacto con la fallecida y que ordene el traslado al hospital a quien pueda presentar «síntomas de enfermedad como la meningitis u otra contagiosa».
En teoría, los CIE son establecimientos dependientes del Ministerio del Interior que supuestamente tienen un carácter no penitenciario. En ellos se retiene de forma cautelar a los sin papeles sometidos a expediente de expulsión mientras éste se tramita. En la práctica, inmigrantes que no han cometido más que la falta administrativa de no tener papeles son encerrados hasta 60 días en pequeñas celdas de seis en seis o de ocho en ocho, sin apenas poder salir al patio y con graves deficiencias para comunicarse con el exterior. Así lo denunció Pueblos Unidos la semana pasada, pocas horas antes de la muerte de Samba M. «Este caso vuelve a ser la punta de una situación crónica que se vive en el CIE», lamentaba ayer Cristina Manzanedo, responsable jurídica de esta ONG jesuita.