El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, durante un discurso ante el Parlamento. / F. LENOIR / REUTERS
En una ciudad donde cerca de 15.000 personas se dedican a hacer lobby para que sus intereses quedan plasmados en las leyes comunitarias, el riesgo de caer en la tentación del soborno está a la orden del día. Los grupos de presión con sede en Bruselas se amontonan en los aledaños del Parlamento Europeo, donde algunos eurodiputados ya han sido cazados aceptando prebendas a cambio de enmendar reglamentos al gusto de quienes pagan.
Para evitar casos similares, la Eurocámara va a aprobar hoy un nuevo código de conducta para sus diputados, a los que prohibe expresamente «aceptar sobornos o regalos valorados en más de 150 euros», según el texto que ha salido de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La norma entrará en vigor justo antes de las navidades, cuando precisamente más regalos se amontonan en los despachos de las empresas y los políticos.
También se establece la obligación de todos los miembros del Parlamento de dejar constancia de sus actividades e ingresos en los tres años previos a su nombramiento y hacer públicos todos los ingresos procedentes de otras actividades que superen los 5.000 euros al año. «Los eurodiputados entregarán al presidente los obsequios cuando los reciban como representantes oficiales del Parlamento», añade el texto.
La imagen de los eurodiputados se debilitó el pasado año tras el escándalo destapado por un medio británico en el que aparecían varios parlamentarios aceptando dinero a cambio de modificar su voto.
A su vez, el sueldo percibido por cada uno de los 754 diputados genera constantemente indignación ante una sociedad sumida en una profunda crisis. Quien ocupa un escaño en la Eurocámara recibe una asignación mensual neta cercana a los 6.000 euros, a los que hay que añadir otros 4.000 para sufragar gastos de representación y oficina que, además, su gasto no necesita ser justificado.
Esa pérdida de credibilidad obligó a la Eurocámara a diseñar este reglamento de conducta en el que se estipulan una serie de sanciones para los parlamentarios que infrinjan las nuevas normas. Hasta ahora no existía un código de este tipo, sino una serie de normas dispersas dentro del reglamento interno de la cámara que, de forma genérica, señalaba que sus señorías debían «abstenerse de aceptar cualquier regalo o beneficio por el desempeño de sus funciones». Los ingresos anuales para estos cargos, en todo caso, no podían superar los 217.000 euros.
Ahora, además, los diputados tendrán que «presentar ante el presidente una declaración de intereses» que deberá incluir la asignación percibida como parlamentario, las actividades remuneradas que desarrolla en paralelo y si el interesado pertenece a comités de empresas, asociaciones u ONG. Esta lista tendrá que actualizarse en un plazo inferior a 30 días siempre que haya una modificación.
Por su parte, los ex parlamentarios que trabajen en grupos de presión o empresas «directamente vinculadas con el proceso de decisión de la UE» no podrán beneficiarse de las facilidades concedidas a los antiguos diputados. Fuentes del Parlamento explican que estos privilegios consisten en la conservación de la tarjeta de acceso a las instalaciones y despachos de la institución, así como la posibilidad de usar un despacho previsto para ellos.
El escándalo de los sobornos salpicó a un representante español, el popular Pablo Zalba, que aceptó enmendar una normativa a petición de un falso grupo de presión. Sin embargo, a diferencia de los otros casos, Zalba no aceptó dinero a cambio y, según defendió después, modificó la ley porque la propuesta «incluía mejoras sustanciales».