Diego Torres e Iñaki Urdangarin durante la presentación en Esade de uno de los congresos que ahora investigan el juez y la Fiscalía Anticorrupción. / SANTI COGOLLUDO
Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres urdieron presuntamente una trama de facturas falsas para evadir impuestos en las millonarias operaciones que realizaron con el Govern balear y la Generalitat valenciana.
Los fondos públicos (2,3 millones en el caso de Baleares y unos 3 en el valenciano) se adjudicaron a dedo al Instituto Nóos, una entidad "sin ánimo de lucro". Posteriormente la mayor parte de este dinero del contribuyente acabó en sociedades de Urdangarin y Torres. Tanto el duque de Palma como su socio se sirvieron de otras dos empresas para confeccionar decenas de facturas falsas que les permitieron declarar menos beneficios y, consecuentemente, pagar menos a Hacienda.
La Policía Judicial cazó en el registro de las sociedades ideado por Urdangarin y Torres el plan manuscrito que diseñaron para pagar menos a Hacienda. Cuál sería su sorpresa al certificar que entre los papeles intervenidos figuraba no tanto una estrategia para pagar menos a Hacienda acogiéndose a beneficios fiscales, sino un no muy sofisticado sistema de facturas falsas.
Ésta ha sido una de las grandes sorpresas al revisar la voluminosa documentación -de más de una tonelada de peso- intervenida en los registros judiciales practicados hace dos semanas por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro.
Fuentes próximas a los investigadores aseguran que los documentos manuscritos relatan con todo lujo de detalles el modus operandi que habría permitido al marido de la infanta Cristina y sus socios evadir cientos de miles de euros en impuestos.
La Policía ha identificado, incluso, al autor de esas anotaciones. Esta persona, cuya identidad permanece en secreto, ha corroborado su contenido. Las pruebas acreditan que la red de sociedades urdida a la sombra del Instituto Nóos estableció un sistema triangular de emisión de facturas presuntamente falsas que eran sistemáticamente cruzadas entre las entidades que conforman el entramado controlado por Urdangarin, Torres y el entorno familiar de este último. Hay que recordar que su cuñado y su hermana son titulares de un despacho fiscal que aparece en el epicentro del desvío de fondos públicos de la Comunidad Autónoma Valenciana y Baleares.
El fin primordial de este peloteo de facturas no era otro que rebajar al máximo a ojos de Hacienda el beneficio de ese conglomerado de empresas y, a la postre, del propio Instituto Nóos.
¿A cuánto? El fin último del duque de Palma y Diego Torres era que el beneficio oficial quedase reducido a una cifra cercana a los 250.000 euros por ejercicio como mucho, informa Eduardo Colom.
Había que declarar lo menos posible por dos razones: la obvia -abonar cuanto menos al Fisco- y otra no tan trivial, desviar la atención sobre el perceptor inicial de los fondos públicos, el Instituto Nóos, una entidad constituida teóricamente «sin ánimo de lucro».
El Instituto Nóos captaba los fondos públicos y luego los distribuía entre lñaki Urdangarin y Diego Torres. «Esta especie de ONG» -así denominó el juez Castro al Instituto en el auto que permitió los registros- regaba de dinero a estas empresas mediante facturas falsas, contratos inflados o servicios jamás realizados.
Las facturas falsas aprehendidas durante los registros reflejan sistemáticamente conceptos genéricos, tales como «servicios prestados» entre sí por las diversas entidades mercantiles del entramado. La imaginación, como se observa, brilló por su ausencia.
De esta forma, el margen de beneficio aparente se estrechaba y se reducía el importe a abonar a Hacienda. Este supuesto fraude fiscal gravita principalmente en torno a la sociedad con sede en Sant Cugat del Vallés Intuit Strategy Innovation Lab SL, propiedad de la familia Torres. Otro de los vértices es la empresa Nóos Consultoría Estratégica, participada directamente por el marido de la Infanta y su socio.
En el marco de esta operativa se ha detectado también la adquisición de una serie de pisos en Palma a finales de 2003 por parte de empresas controladas directamente por el duque. Sobre ellos se rubricaron contratos de alquiler con idéntico objetivo: generar más gastos. A ojos de la Policía y de la Agencia Tributaria, estas transacciones son igualmente falsas y encaminadas únicamente a generar más gastos para tributar menos.
Este tráfico de facturas bajo sospecha se suma a las empleadas por Urdangarin y Torres para vaciar de fondos el Instituto Nóos después de que el Govern balear y la Generalitat valenciana lo regaran con dinero público. Tras cobrarlo a través del Instituto Nóos, el duque de Palma y Torres cargaron facturas desde sus empresas particulares por conceptos tales como la «gestión de la logística» y el «diseño» de las mismas. Los empleados del Instituto Nóos aseguran que la logística corrió de su cuenta y no de la empresa Aizoon, que comparten al 50% Urdangarin y su mujer, la Infanta Cristina. El duque se llevó a sus cuentas al menos 600.000 euros de los 2,3 millones que le dio el Govern por un par de congresos que costaban 200.000.
El juez José Castro y la Fiscalía Anticorrupción prosiguen sus pesquisas. El magistrado sostiene que en el 'caso Urdangarin' se han podido cometer hasta cuatro delitos: falsedad documental, prevaricación, fraude a a la Administración y malversación de caudales públicos. En el auto que permitió la entrada y registro del Grupo Nóos y sus 'satélites' asegura textualmente que «tras recibir los fondos públicos, el Instituto Nóos simulaba la contratación de servicios a las entidades controladas por Urdangarin y Torres, que emitían las correspondientes facturas».