El Gobierno va a cambiar la forma de adjudicar las becas universitarias para eliminar el criterio del esfuerzo del alumno. La ayuda sólo dependerá de su renta familiar y no estará sujeta a sus méritos académicos. La exigencia para disfrutar de la cuantía completa en el primer curso del grado se rebajará de un 6,5 a un 5.
Hasta ahora, el 5 era la nota exigida para disfrutar de la matrícula gratuita, pero no de la beca completa, donde se pedía un 6,5. Fue el ministro José Ignacio Wert quien en 2013 elevó a un 6,5 la nota pedida en el primer curso para poder acceder a las ayudas y a un 5,5 para disfrutar de la exención de las tasas. También instauró un sistema por el cual cada beca tenía una parte fija y una parte variable para que el alumno recibiera más dinero si menor era su renta y mejores notas tenía.
La medida provocó mucha contestación social, pero, en la práctica, elevó el rendimiento académico de los estudiantes, la tasa de finalización de los estudios y la tasa de éxito de los becarios. En 2018, Íñigo Méndez de Vigo redujo del 5,5 al 5 la nota exigida para conseguir la matrícula universitaria gratuita el primer año, pero dejó en un 6,5 el requisito para recibir una cuantía económica.
El ministro Manuel Castells lo baja ahora a un 5 para «democratizar el derecho a la educación superior». El cambio supondrá que haya 54.853 estudiantes más que disfruten de estas ayudas y su idea es que se duplique el número de beneficiarios de la beca completa en grado y en máster.
En una reforma que se ha realizado entre los ministerios de Universidades y Educación, se ha aumentado un 22% el presupuesto (la mayor subida de la década) para elevar en 100 euros las cuantías por beca para alumnos de enseñanzas no universitarias, grado y máster, así como para elevar el umbral 1 de personas beneficiarias hasta equipararlo al umbral de la pobreza, lo que implicará que haya 70.000 beneficiarios más.
La inversión se incrementa en 386 millones de euros hasta alcanzar 1.900 millones para 625.514 beneficiarios el próximo curso: 372.240 no universitarios y 252.274 universitarios. Esos 386 millones se reparten en 207 para Bachillerato y FP y 179 millones para la Universidad.
¿De dónde van a salir ese dinero? «Se trata de partidas presupuestarias negociadas con Hacienda. Es presupuesto del Gobierno e irá integrado en los Presupuestos de este año», responden en Universidades. Pero el Gobierno sigue trabajando con los Presupuestos aprobados del PP, no está muy claro que se vayan a aprobar nuevas cuentas en este ejercicio y no parece seguro que se vayan a liberar 368 millones de euros en las circunstancias económicas actuales. Algunas fuentes educativas definían ayer el anuncio del Gobierno como un «globo sonda», toda vez que el real decreto que lo sustenta ni siquiera se ha presentado a profesores, padres y alumnos.
Además, había bastante escepticismo porque las medidas no eran las esperadas. El cambio no es «estructural», como presume el Gobierno, pues no se ha quitado la parte variable de la beca que impuso Wert, a pesar de que tanto el PSOE como Unidas Podemos denunciaban cuando estaban en la oposición las arbitrariedades que provocaba esta parte y prometían eliminarla.
El sistema se mantiene, por tanto, en lo esencial. Y el Gobierno le da implícitamente la razón al PP de que este mecanismo es la única forma de poner unos topes para que el gasto en becas no suba descontroladamente cada año, como ocurría antes. Tampoco ha atendido el Gobierno a la reclamación de los estudiantes para que, en esta situación excepcional por el coronavirus, no se tengan en cuenta únicamente los niveles de renta familiar de los dos años anteriores, como ocurre ahora, sino que se consideren también las circunstancias económicas sobrevenidas por el Covid-19.
Fuentes de Universidades dicen que «legalmente es imposible atender a las rentas del año en curso por su registro parcial» y que «el incremento presupuestario va a permitir que se atienda a la mayor parte de las familias afectadas por la crisis del Covid-19 solicitantes de becas». Pero el Consejo Escolar del Estado aprobó ayer una resolución a propuesta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) apremiando al Gobierno a hacer este cambio.
Tampoco garantiza el Gobierno que las becas se paguen antes, algo que las ONG ven esencial. «Si la ayuda llega cuando una familia ya ha incurrido en el gasto, pierde su efecto», advierte Save the Children.