Los cursos a trabajadores que proveen las administraciones públicas se liberalizan. Una resolución emitida durante el estado de alarma y en vigor desde este mes determina que «las empresas podrán organizar la formación e impartir acciones formativas» a empleados que no sean los suyos, una decisión que abre una vía de negocio a compañías internacionales como Google o a españolas como Telefónica, que podrán aspirar de ahora en adelante a disfrutar de esos fondos y bonificaciones.
En el sector tecnológico creen que esta decisión enmarcada en el actual estado de alarma se prolongará en el futuro y servirá para resolver un problema que se viene padeciendo desde hace años, tal y como exponen distintos especialistas del sector educativo y empresarial a EL MUNDO: a día de hoy, no se encuentran entidades que cumplan los requisitos exigidos para impartir ciertos cursos y además muchos de esos títulos ofrecidos se quedan desactualizados a velocidades vertiginosas.
Cada año, se destinan más de 2.000 millones de euros para formar a los españoles, aunque la mayor parte de esa cantidad va a parar a los desempleados. Sin embargo, dentro de esa cifra, hay otra partida dedicada a los ocupados, que en el sector se calcula en alrededor de 600 millones de euros. Esa suma para las arcas públicas nunca debería dedicarse a cualquier otra actividad, al ser una cuota finalista, tal y como ha expuesto hasta el Tribunal Constitucional, pero esa circunstancia se ha alterado reciente y excepcionalmente por el Gobierno, que se está sirviendo de estos fondos para aliviar el ingente volumen de prestaciones sociales que debe afrontar con la crisis sanitaria. El dinero procede del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las comunidades autónomas.
Es decir, existe una formación profesional o FP educativa, pero también otra laboral, unos cursos públicos a trabajadores que, sólo contabilizando los que estaban en ejecución antes del estado de alarma, alcanzan a más de cinco millones de personas. La gran empresa ya prepara su desembarco en ese ámbito bonificado para sus actividades. Fuentes del Ministerio de Trabajo exponen que «sólo hay una adaptación al Covid-19», pero la patronal tecnológica DigitalES ya ha advertido sobre un giro normativo que acogen con los brazos abiertos.
Redes 5G que han de ser desplegadas, drones que deberían simplificar la agricultura, sistemas de información que se antojan ya imprescindibles en el ámbito de la construcción... Según la Unión Europea, España acredita una posición 11 en el ránking de digitalización, pero desciende al puesto 18 si se atiende a la presencia de especialistas en tecnologías de la información en el mercado laboral. Ya en 2018, DigitalES estimaba que había más de 10.000 vacantes de empleo en ese sector tecnológico por cubrir.
Los repetidos intentos de remediar estas carencias no parecen haber funcionado. La Ley 30/2015 multiplicó las exigencias a los centros académicos que se dedican a formar a los trabajadores, entidades que a partir de ahora también se encontrarán con la competencia de las empresas. Los controles y las exigencias para adjudicar las convocatorias se habían extremado como consecuencia de malas praxis previas, algunas tan escandalosas como el caso de los ERE de Andalucía. Fátima Báñez, ya durante el Gobierno del PP, lideró la norma de 2015, con amplio consenso parlamentario, pero desde entonces ajustarse a los requerimientos resulta tan complicado que cada año queda buena parte de los fondos sin usar, cientos de millones en un punto desconocido, año tras año. Este Gobierno ha tomado el remanente para aliviar sus desembolsos, pero el sistema seguirá de cara a futuro.
«El sector privado tecnológico está contribuyendo de manera fundamental a configurar una FP para el empleo que responda a las necesidades», cree Alicia Richart, directora general de digitalES: «Es una buena noticia que sean las empresas que crean y despliegan las herramientas tecnológicas para la transformación digital las que puedan contribuir a la mejor formación», valora.
Buen ejemplo de las fallidas adjudicaciones del pasado es la convocatoria de 2016, que tuvo que ampliar sus plazos en dos ocasiones en un intento de encontrar centros adecuados. La cantidad prevista era de 250 millones de euros, pero la ejecución se quedó en el 47% de la meta fijada.
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Millones de trabajadores. Empleados que actualmente forman parte de cursos en ejecución.