MiFID II no está ni, por el momento, se la espera. La directiva europea que regula los mercados de instrumentos financieros debía estar completamente traspuesta al ordenamiento jurídico interno antes de comienzo de este año, para su entrada en vigor el pasado 3 de enero. Sin embargo, España acumula ya más de seis meses de retraso y eso podría traducirse en una multa por parte de Bruselas de cientos de miles de euros. Como mínimo.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó a comienzos de diciembre de 2017 un Anteproyecto de Ley que incluía las principales medidas de MiFIDII, en un intento por dar muestras de su buena fe a la hora de cumplir con los preceptos europeos. Ese Anteproyecto fue enviado al Consejo de Estado, que debía emitir su dictamen para volver a enviarlo al Consejo de Ministros y de ahí, al Parlamento, donde Economía se comprometió a aprobarlo «en el plazo más breve posible». Ese plazo, sin embargo, se sigue alargando de manera interminable y la norma se encuentra atascada en el primero de los trámites, el Consejo de Estado.
Ante esa parálisis, la Comisión Europea abrió en enero un procedimiento de infracción a España. Primero envió una notificación al Ejecutivo instándole al cambio; después remitió una opinión razonada y ahora está a un paso de llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE. No obstante, existe cierto margen.
En el último Consejo de Ministros de 2017, el gabinete de Rajoy aprobó un Real Decreto Ley que trasladaba parcialmente la directiva, concretamente, la parte que afecta a los centros de negociación. Este movimiento permitió al Ejecutivo cumplir con las exigencias mínimas europeas y ha sido el aval para frenar, por el momento, la penalización.
La pregunta es hasta cuándo. El cambio de Gobierno tras la moción de censura que sacó adelante Pedro Sánchez ha retrasado algunos proyectos como consecuencia del periodo de transición, y no todos tienen la misma prioridad a la hora de reactivarlos. En el caso concreto de MiFID II, el Ministerio de Economía reitera que está en manos del Consejo de Estado y que «esperan recibir muy pronto su dictamen».
Las compañías financieras, mientras tanto, operan con toda la normalidad que les permite el contexto. Fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB) aseguran que las entidades «están preparadas» para hacer frente a los cambios y que «están cumpliendo con MiFID desde principios de año, a pesar de los desarrollos legislativos pendientes».
La norma persigue aumentar el control sobre los productos financieros que se comercializan y sobre cómo se venden a los clientes, para garantizar la mayor transparencia y seguridad posible; entre otras cosas, limita las retrocesiones o comisiones que cobran los asesores por colocar determinados productos e impone la formación de los empleados.
El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, confía en que se apruebe este año. Las cosas «se están moviendo mucho», dijo Albella hace unos días en Santander.
3/01
Es la fecha en la que tenían que haber entrado en vigor la directiva europea de MiFID II en España.