Los indicios que vio la Udef mantienen viva la investigación

Un informe del 18 de junio de 2012 contempla que se pudo ocultar «la identidad de las personas que adquirieron el inmueble y el origen de losfondos» El fiscal Eduardo Torres-Dulce instó a Anticorrupción a intervenir en noviembre de 2012

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha analizado a fondo la operación de compra del ático del presidente de la Comunidad de Madrid y advierte indicios de blanqueo de capitales.

En un informe presentado ante la juez el 18 de junio de 2012 subrayó que «se aprecian algunos aspectos que inducen a pensar que en la operación de compraventa pudiera estar tratándose de ocultar la identidad de las personas que adquirieron el inmueble así como el origen de los fondos utilizados». Recalcó que el testaferro Rudy Valner cerró la operación con una sociedad radicada en Delaware en la que «es únicamente el gerente»; que no la inscribió en el registro; y que pagó con dinero de procedencia desconocida desde el extranjero. El fiscal general instó a Anticorrupción a intervenir cinco meses después.

La Udef examinó exhaustivamente la operación de compra del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y elaboró un informe el 18 de junio de 2012 en el que concluyó de forma contundente que existen indicios de delito.

«Cabría señalar que se aprecian algunos aspectos que inducen a pensar que en la operación de compraventa pudiera estar tratándose de ocultar la identidad de las personas que adquirieron el inmueble, así como el origen de los fondos utilizados», subrayó la Brigada de Blanqueo de Capitales en un documento que fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción, que obra en poder del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona y al que ha tenido acceso EL MUNDO.

El diario El País aseguró, sin embargo, en su edición de ayer que «la investigación policial no halló ningún delito». Se aferraba únicamente a la existencia de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se examinó la actuación del ex comisario de Marbella en este asunto y se concluía que las pesquisas preliminares que llevó a cabo por orden de la Dirección Adjunta Operativa concluyeron sin que se advirtiera indicio alguno.

Este diario obviaba que quien realmente estudió la operación del ático de González no fue Asuntos Internos, departamento dedicado a investigar irregularidades cometidas en el seno del Cuerpo, sino la referida Brigada de Blanqueo.

Tras analizar la operación, la Udef solicitó una batería de diligencias encaminadas a averiguar un extremo que todavía a día de hoy sigue sin ser aclarado: quién se oculta tras la sociedad off shore que adquirió en mayo de 2008 el ático inmediatamente después de que lo visitara hasta en dos ocasiones la mujer del alto cargo del PP, Lourdes Cavero. Se trata de una entidad radicada en Delaware y que se encuentra gestionada por el testaferro profesional Rudy Valner, empleado del presidente del Atlético de Madrid, contratista de la Comunidad y amigo íntimo de González, Enrique Cerezo.

Lejos de no ver indicios, la Policía argumentó en su informe que la «compraventa» del dúplex ubicado en la urbanización La Alhambra del Golf de Marbella «se efectuó por cuenta de la sociedad Coast Investors LLC, si bien en la copia de la declaración de inversión extranjera en bienes inmuebles se indica que los principales titulares últimos de la inversión son Rudy Valner y la mercantil Walford Overseas Investments LTD». Es decir, que además de figurar un fiduciario en esta sociedad, dependía a su vez de otra que la juez ubica ya en Panamá.

La Policía apuntaba también que «se ha podido determinar que no se ha modificado la titularidad registral de las fincas, figurando en la actualidad el nombre del vendedor, Pedro Javier Villate Pérez». Todo ello, cuatro años después de haber sido adquirido por el testaferro Valner y su sociedad instrumental.

Asimismo, establecían los investigadores que «se desconoce quién o quiénes son las personas físicas o jurídicas que constituyeron y/o que forman parte de las sociedades Coast Investors LLC, de quien Rudy Valner es únicamente gerente, y Walford Overseas Investments». Recalcando de esta forma que el testaferro es un mero gestor y que, en ningún caso, es el propietario final ni de las empresas ni del dinero empleado para adquirir el lujoso inmueble.

Por último destacaba la Udef que «el origen de los fondos utilizados para realizar la compraventa se encuentra en cuentas bancarias abiertas en el extranjero» y es totalmente desconocido.

Con este informe sobre la mesa, el entonces fiscal general del Estado, lejos de dar carpetazo a la investigación, la impulsó. Eduardo Torres-Dulce atribuyó el 15 de noviembre de 2012 «competencia» a Anticorrupción para que se hiciese cargo del caso «al apreciarse una especial trascendencia en las infracciones penales investigadas».