Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 son los últimos de la legislatura iniciada en 2011 y, según ha declarado el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, suponen el final del ajuste fiscal y presupuestario de la economía española. Esto significa que el Gobierno considera innecesaria la introducción de medidas adicionales de recorte del gasto público y confía a la evolución del ciclo económico la corrección del déficit. En este contexto, es relevante realizar un análisis de cuál ha sido la magnitud del proceso de saneamiento y consolidación de las cuentas públicas desde el acceso del PP al poder. Esta es una variable fundamental para saber si las finanzas de las Administraciones Públicas se han instalado en una senda sostenible.

La estrategia del Gabinete se ha centrado en la reducción del gasto corriente, de la inversión pública y del salario de los funcionarios como el principal, por no decir el único, instrumento para recortar el desequilibrio presupuestario. Se renunció a introducir reformas/recortes en los capítulos estructurales del Presupuesto, básicamente en las partidas relacionadas con el Estado del Bienestar. Pues bien, el recorte del gasto no productivo y de las rentas salariales de la burocracia ha descendido sólo en un 7%, esto es, unos 17.500 millones desde 2011. Por definición, esa contención de los desembolsos no puede mantenerse a perpetuidad. El recorte del gasto corriente apenas se redujo en los últimos 12 meses y la licitación pública repunta.

Por lo que se refiere a la disminución de la plantilla de trabajadores de las administraciones públicas, la caída del empleo ha sido del 9%. A lo largo del mandato del PP, unas 302.000 personas han perdido su puesto de trabajo en ese sector de la economía, pero su cuantía total todavía supera los 2,9 millones de empleos públicos en España. Esto significa que, en términos relativos y absolutos, los efectivos de las comunidades autónomas y de las entidades locales aún son muy elevados, no se han ajustado lo suficiente y es improbable que lo hagan en un entorno de recuperación económica. En suma, persiste un evidente sobredimensionamiento de plantillas que complica de manera extraordinaria el descenso del gasto público.

Desde 2011, el gasto en pensiones se ha incrementado de manera constante en todos los ejercicios presupuestarios. El número de pensionistas aumenta alrededor de un 2% anual y el importe de la jubilación media crece del orden del 1,8% por año a causa de la elevación de las bases de cotización. Por añadidura, las cuotas sociales, es decir, los ingresos crecen a menor ritmo que los desembolsos por jubilación, por lo que la Seguridad Social seguirá requiriendo dinero del Estado y detrayendo recursos del Fondo de Reserva. Las medidas planteadas para garantizar la viabilidad del actual sistema de jubilación en el largo plazo parecen claramente insuficientes para compensar la negativa evolución demográfica de la sociedad española. En sanidad no se ha hecho prácticamente nada y los subsidios por desempleo caen porque el número de parados tiende a caer y porque muchos desempleados no tienen acceso a la prestación.

Desde diciembre de 2011, la deuda neta de las administraciones públicas ha crecido un 40%; superará en 2014 el 100% del PIB y mantendrá su trayectoria alcista durante los próximos dos años. Sólo el descenso de la prima de riesgo y la actuación del BCE ha permitido que el coste medio de la deuda disminuya y que el pago de intereses se dispare por la acumulación de endeudamiento público. Sin embargo, el imparable ascenso de este desequilibrio refleja la baja intensidad del ajuste fiscal realizado, muestra que no se ha logrado la sostenibilidad de las finanzas públicas y hace muy vulnerable la economía nacional a la evolución de las condiciones económico-financieras externas.

Por lo que respecta a la política tributaria, Hacienda practicó la mayor subida de impuestos de la democracia con un impacto recaudatorio irrelevante pero, casi seguro, con un efecto depresivo sobre el consumo y la inversión privada. Las alzas impositivas desplegadas desde 2011 han producido una reducción del PIB de aproximadamente el 0,5%. Cuando la reforma fiscal diseñada por el Gobierno entre en vigor en su totalidad, la carga tributaria soportada por ciudadanos y empresas será en términos agregados –fiscalidad directa e indirecta– superior a la legada por el ejecutivo del PSOE al finalizar su período de gobierno.

Así, la valoración de la política fiscal y presupuestaria no es positiva. Se ha perdido una oportunidad irrepetible para poner sobre bases sólidas la posición financiera de las administraciones públicas. No se han atacado los componentes estructurales del déficit y se han aplicado medidas tributarias que no han servido al propósito de elevar los ingresos sino a deprimir la demanda interna en medio de una recesión. Al mismo tiempo, los aumentos de impuestos han restado recursos al sector privado para desapalancarse con mayor rapidez e intensidad y la necesidad de financiar una deuda pública descomunal ha acentuado la restricción crediticia a familias y empresas, en especial a las pymes. ¿Quién da más...?

Desde la fría objetividad de los datos, el proceso de consolidación presupuestaria de Hacienda está cogido con alfileres. El descenso del binomio gasto/déficit se sustenta en unas previsiones de crecimiento quizá consistentes en términos estáticos, pero inciertas en los dinámicos por su excesiva dependencia de factores que el gabinete del PP no puede controlar, léase el comportamiento económico de la zona euro, los riesgos derivados del escenario geopolítico o la política monetaria norteamericana por citar algunos ejemplos. Por eso la política fiscal ha sido y es el principal lastre para una recuperación sostenida y vigorosa.