ENTRE las majaderías que ha ido inventando el Gobierno para no hacer nada frente a la rebelión separatista de una parte del Estado, la Generalidad de Cataluña, contra el Estado en su conjunto –no contra «el resto del Estado» sino contra todo, incluida la parte que él representa– la mejor es la última: que el Gobierno está seguro, porque tiene que estarlo, de que todas las personas con cargos oficiales tienen la intención de cumplir la ley. Mortadelo y Gallardón o Margallo y Filemón han repetido varias veces este chiste antes de la Diada de ayer, tercera demostración de cómo la Generalidad de Cataluña se ha convertido en una fuerza golpista que utiliza todos los resortes del Estado para destruir la legalidad vigente. La causa de que les preguntaban a ambos ministros sobre el respeto a la Ley este 11 de Septiembre era doble: el 11 de Septiembre pasado y el anterior, gigantescos alardes golpistas patrocinados y patroneados por Artur Mas. Pero Rajoy y su Gobierno han encontrado una fórmula que supongo considerarán inteligentísima para continuar mano sobre mano, esperando que llueva café sobre la marabunta separatista: nadie puede creer de buena fe que personas que han jurado o prometido un cargo público para cumplir y hacer cumplir la ley pueden dejar de hacerlo. Es, dicen, inimaginable.
Si no fuera un caso de estupidez intelectual que apenas disimula una cobardía política lindante con lo patológico, la argumentación del Ejecutivo valdría la pena desarrollarla con todas sus consecuencias, la primera de las cuales sería la disolución del Gobierno y todas las fuerzas de orden público: Policía, Ejército y Guardia Civil. Porque a lo largo de la Historia las leyes y los gobiernos se han creado precisamente porque los seres humanos saben perfectamente que el cumplimiento de las leyes no es nunca observado por todos los miembros de una sociedad y que es precisa la fuerza para evitar que los que atropellan el orden legal obtengan provecho de ese atropello. El Ejecutivo está, en todas las civilizaciones, para eso: perseguir a los que no respetan las normas alumbradas por el Legislativo y llevarlos ante el Poder Judicial, que les impone la pena correspondiente. Pero si el Gobierno del PP cree lo que dice, debería actuar en consecuencia y disolverse.
No caerá esa breva.