EL ADOCTRINAMIENTO y captación de islamistas radicales en España no es un fenómeno nuevo. Desde los atentados del 11-M, la desarticulación de células dedicadas al reclutamiento de muyahidines para enviarlos a Afganistán, Irak, Siria, Libia o Malí no ha cesado. Y ya en 2010 las fuerzas de seguridad advirtieron de la existencia de un centenar de mezquitas extremistas, donde predicadores fundamentalistas expulsados de Egipto, Arabia Saudí o Marruecos impartían su doctrina de odio. Entonces, algunos imames moderados se ofrecieron a colaborar para detectar a los radicales. Impulsar esta colaboración se ha convertido ahora en objetivo prioritario ante la amenaza del terrorismo yihadista. Sobre todo, tras la confirmación de que una treintena de voluntarios españoles se ha integrado en el Estado Islámico. Así lo contempla el Gobierno en su Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, un proyecto –que se aprobará en breve– para desactivar los procesos que favorecen el extremismo. Pero aun cuando respaldemos toda iniciativa encaminada a combatir el yihadismo en su origen –también en Europa– no cabe hacerse ilusiones respecto a la capacidad de nuestro sistema para desprogramar mártires. Cualquier plan de esta índole estará condenado al fracaso si, además de prever medidas educativas, sociales y de desarrollo económico, no va acompañado de una revisión sin complejos de las leyes procesales, penales, de extranjería y relativas a la libertad de culto, así como del uso de las redes sociales. Parece que ésta es la intención del Gobierno. Ahora sólo falta que no le tiemble el pulso.
No se trata de recortar derechos básicos, sino de valorar la dimensión del problema y de armarse de los instrumentos jurídicos y legales eficaces. La experiencia con ETA puede ser de utilidad. Las reformas legislativas emprendidas en la lucha contra todo el entramado de apoyo a la banda fueron determinantes y no supusieron un menoscabo de la democracia, sino su refuerzo. El nuevo yihadismo tampoco admite visiones buenistas.
Los radicales islámicos han logrado generar auténticas sociedades paralelas que deben desaparecer. Sería el caso de algunas zonas de Cataluña; o de Ceuta, que merecería un plan especial. La globalización ha agravado la amenaza con fenómenos nuevos, como el del autoadiestramiento y el proselitismo a distancia. La colaboración de los imames moderados parece fundamental. Pero será insuficiente si no se completa con reformas audaces.