POLÍTICA

Que nadie nos dé gato por liebre

La autora cree que la elección directa de los alcaldes que anunció Rajoy puede suponer una ‘regresión democrática’

Sostiene que para que tal reforma sea efectiva tiene que estar ligada a cambios en las instituciones municipales

HEMOS CONOCIDO estos días que el Partido Popular se ha dedicado en su escuela de verano, en plena calima de julio, a reflexionar sobre algunas propuestas de regeneración democrática entre las que ha incorporado lo que llaman «elección directa de alcaldes». Acojo estas declaraciones con la lógica prevención que provoca un partido y un Gobierno experto en proclamas propagandísticas, globos sonda, promesas incumplidas y negativa en redondo a abordar en serio cualquier reforma que nos permita construir una democracia de mayor calidad. Pero dado que la regeneración democrática es la asignatura pendiente de España y que nuestro partido nació por y para eso, voy a aprovechar este aparente «nuevo clima» para recordar alguna de las propuestas que en esa materia viene defendiendo Unión Progreso y Democracia.

Centrándonos en la reforma local de las declaraciones de Rajoy y de su partido podría deducirse que su propuesta busca una participación más directa de los ciudadanos; pero según cómo se articule esa propuesta podemos encontrarnos ante una medida de regresión democrática. Empezaré por aclarar que no es lo mismo la elección directa de alcalde que asegurarse que sea alcalde quien encabece la lista más votada. Con la ley actual, si una lista no obtiene mayoría absoluta y no hay un acuerdo político entre las fuerzas representadas en la institución que alcance esa mayoría, es nombrado alcalde el numero uno de la lista más votada; pero como dije eso no se produce de forma automática: cabe un acuerdo político entre partidos que sumen esa mayoría absoluta que los ciudadanos no le dieron a ningún partido en solitario. Urge por tanto que el PP nos explique qué quiere decir –o qué busca– con eso de «elegir directamente a los alcaldes». ¿Quiere cambiar la ley para que sólo pueda ser alcalde quien encabece la lista más votada? ¿Se aplicaría el mismo criterio a la hora de elegir presidente del Gobierno, o de una CCAA, por ejemplo?

Si la reforma de la ley que nos propone el PP implica únicamente que el alcalde será el candidato más votado a una vuelta, manteniendo todo lo demás sin modificación alguna, con la fragmentación política que se avecina un candidato con poco más del 20% de los votos podría ser alcalde automáticamente de su municipio. Algo que, obviamente, no resulta muy democrático; sobre todo, si tenemos en cuenta que el alcalde español es uno de los alcaldes de Europa con más poder y que ahora ya actúa con un alto margen de autonomía, que a veces llega a la arbitrariedad, ya que puede de facto saltarse el débil sistema de controles interno y externo del ayuntamiento.

Para que una propuesta de elección directa del alcalde sea un instrumento de regeneración democrática, tiene que ir ligada a otros importantes cambios de las instituciones municipales. Nosotros propusimos en nuestro programa marco electoral de 2011 una votación a doble vuelta, para lograr un sistema de elección directa que realmente legitime al alcalde y resulte transparente. De esta forma, si ningún candidato tiene en la primera más del 50% de los votos, habría que hacer una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Este sistema haría transparentes los pactos y evitaría los «pasteleos» de despacho para poner y quitar alcaldes.

También habría que redistribuir competencias entre el alcalde y el pleno municipal. Los países que tienen mejores sistemas de gobierno municipal han optado por restringir el poder del alcalde y establecer una administración municipal muy profesional, cuyos empleados son elegidos de acuerdo a estrictos criterios de mérito y capacidad. Así se evitaría que los cargos directivos municipales se nombrasen como hasta ahora: por confianza política entre amigos y compañeros de partido del alcalde, lo que es un caldo de cultivo de corrupción y mala gestión.

Si Rajoy quiere de veras promover medidas de regeneración democrática (que no es otra cosa que devolver a los ciudadanos el control de la política) han de abordarse reformas de fondo y no sólo maquillar la situación actual para conseguir un mayor control de los partidos políticos sobre las instituciones democráticas. Si se hace bien, la elección directa del alcalde puede propiciar una mayor participación e implicación de los vecinos en los asuntos públicos mediante su vinculación a la política, reforzaría su legitimidad y obligaría a que los pactos y acuerdos entre partidos para lograr su elección fueran explícitos y transparentes. También, y con el mismo objetivo de dar a los ciudadanos un mayor control sobre sus electos, habría que aprovechar la ocasión para poner en marcha las listas electorales desbloqueadas con voto preferencial, pudiendo alterar el orden de los candidatos propuestos por los partidos políticos o agrupaciones electorales.

Existen múltiples modelos que se pueden examinar a la hora de abordar la reforma. Desde el modelo alemán, que eligen directamente a los alcaldes en los Länder de Baviera y Baden-Würtemberg; hasta el norteamericano, en el que coexisten variedad de sistemas pero en el que la elección directa es bastante normal; o el de Francia en el que sin existir la elección directa del alcalde se atribuye la mitad de los escaños en el consejo municipal a la fuerza más votada y no hay posibilidad de moción de censura hasta el italiano, en el que desde el año 93 hay elección directa del alcalde en doble vuelta y tampoco existe moción de censura.

YO LE PEDIRÍA al Sr. Rajoy y al Partido Popular que no genere falsas expectativas y, sobre todo, que expliquen desde el primer momento toda la verdad. Ya existe demasiado desapego hacia la política y los políticos como para frustrar una vez más las esperanzas de la inmensa mayoría de los ciudadanos que lo que quieren es que las instituciones democráticas recuperen el pulso y sean instrumentos verdaderamente eficaces para resolver sus problemas. Abordemos todas las reformas pendientes, con valor y con sentido institucional y de estado. Enfrentémonos con rigor a la crisis política que afecta a nuestra democracia y lastra nuestra capacidad de recuperación; cambiemos la ley electoral para que el voto de cada ciudadano tenga el mismo valor; reformemos el Código Penal para que sea delito el enriquecimiento ilícito de los cargos electos y la financiación ilegal de los partidos políticos; cambiemos la ley electoral también para que quienes tengan un abierto por delitos de corrupción política no puedan ir en las listas electorales; suprimamos los aforamientos; reformemos el Consejo General del Poder Judicial para que deje de estar conformado en base a cuotas de los partidos; dejemos de gastar en lo superfluo para poder invertir en lo sustancial: educación, sanidad, investigación…

Ojalá sea de eso de lo que quiere hablar –dice– el PP a la vuelta del verano. Ojalá ahora el Partido Socialista esté dispuesto a abordar todas estas reformas que sus candidatos a secretario general decían apoyar durante su campaña interna, aunque siempre que tuvieron ocasión rechazaron en el Congreso de los Diputados todas y cada una de las propuestas que nosotros hemos venido proponiendo: fusión de municipios, reforma de la LOREG, reforma de la Ley Electoral, reforma del Código Penal, supresión del aforamiento, supresión de las Diputaciones…

Más vale que sus señorías del viejo bipartidismo se vayan poniendo las pilas. Porque los ciudadanos no pueden esperar más unas reformas que son imprescindibles para salir de la crisis que nos asola. Porque quienes creemos que la alternativa a la democracia de baja calidad no es otra que una democracia de mayor calidad; quienes sabemos que las instituciones sí nos representan –pobres de nosotros si así no fuera–; quienes estamos comprometidos con la regeneración de la política y de las instituciones para que sean cada vez más abiertas, más transparentes y más eficaces, no dejaremos de trabajar para que así sea. Para que nadie nos dé gato por liebre.

Rosa Díez es portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD).