LAS CORTES de Castilla-La Mancha aprobaron ayer con los votos del PP la reforma del Estatuto de Autonomía para cambiar la Ley Electoral y reducir a 33 el número de parlamentarios, frente a los 49 actuales. A partir de la próxima legislatura, cada provincia tendrá tres escaños fijos y los restantes se distribuirán en proporción a la población. Los socialistas han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional e IU tiene pensado hacer lo mismo. El PSOE tacha la medida de «pucherazo electoral» denunciando que, con esa reforma, el PP quiere obtener un provecho partidista. Se trata de una crítica demasiado simplista. La reforma electoral que ha impulsado Dolores de Cospedal es un camino que debería marcar la dirección a otras comunidades autónomas. Ni los intereses de los ciudadanos están mejor representados con más diputados ni por su reducción se resiente la democracia. Además, es coherente que, en un momento en el que los políticos están pidiendo esfuerzos y austeridad al conjunto de la sociedad, prediquen de una vez con el ejemplo. Ahora bien, el paso de Cospedal debería ir acompañado de otras medidas de regeneración que desmientan la idea de la oposición de que ha actuado buscando exclusivamente el beneficio electoral. La renuncia a los blindajes judiciales, empezando por la retirada del aforamiento a los parlamentarios autonómicos, podría ser una iniciativa interesante en un país que tiene el récord de aforados.