La oposición en Vitoria (PSE-EE, PNV y EH Bildu), partidos como UPyD e IU y organizaciones como SOS Racismo criticaron ayer por xenófobas las palabras del alcalde de la capital vasca, Javier Maroto (PP), que acusó abiertamente a «argelinos y marroquíes» de «no querer trabajar» y de vivir de las ayudas sociales. Todas la voces coincidieron en que no se puede «estigmatizar» a todo un colectivo acusándole de fraude sistemático, más aún cuando no se conocen los datos concretos y lo que sí se sabe es que un 75% de los magrebíes en Vitoria no percibe la renta de garantías de ingresos –la principal ayuda social–, que el grueso de beneficiarios de prestaciones son autóctonos y que el fraude social apenas supera el 1% de los expedientes –65.000 en todo el País Vasco–.
La oposición en el pleno municipal acusó a Maroto de buscar réditos electoralistas con mensajes que calan en amplias capas de la sociedad. Además, se comprometió a firmar un documento para «favorecer la inclusión social de toda la población, independientemente de su origen». La iniciativa había sido promovida por SOS Racismo, que recientemente ya denunció al alcalde de Sestao, Josu Bergara (PNV), por negar empadronamientos a extranjeros y por una grabación en la que se jactaba de expulsar del pueblo a «hostias» a delincuentes.
La comparación entre Maroto y Bergara llegó a las redes sociales, que cuestionaron que el PNV de Vitoria critique al PP cuando defendió a su edil en Sestao. «La diferencia entre Maroto y Bergara es que uno sabía que lo grababan y el otro no. De nivel de racismo andan por el estilo», se desquitó Dani Maeztu, parlamentario de EH Bildu.
Las controvertidas palabras de Maroto obligaron ayer al alcalde a volverse a pronunciar sobre la materia en Madrid, donde se encontraba de visita por motivos institucionales. El dirigente del PP se ratificó en lo dicho el día anterior y reiteró que se producen «abusos» en las ayudas sociales, que deben ser modificadas para evitar los fraudes que se cometen.
En su opinión, algo «está fallando» cuando «entre un 60% y un 70%» de magrebíes las utilizan, un dato que de momento no avala la estadística. Sí admitió que también hay personas marroquíes y argelinas que quieren trabajar, aunque insistió en que no son pocos los que «prefieren cobrar 1.000 euros de prestación que 800 euros y trabajar duro». Además, se refirió también al dinero para alimentación que ha llegado a acabar en «remesas» para Argelia. Para zanjar la polémica, aseguró que él ejerce de portavoz de «muchos ciudadanos» que piensan que esta situación no es justa.