El proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado ayer el Gobierno no va a solucionar los problemas del sector, pese a lo que afirmó el ministro Wert. Eso es algo que intuyen todos los afectados, a expensas de conocer el texto que finalmente llevará el Gobierno al Congreso y al Senado. Aunque es imposible abordar en este espacio todos esos problemas hay que señalar la importancia de proteger a la Cultura española y a las industrias que la hacen posible. No solo porque crean obras que hacen más felices nuestras vidas, sino también porque la actividad de ese sector supone el 3,5% del Producto Interior Bruto. En 2013 dos empresas de automoción se llevaron, en total, más ayudas que todo el sector audiovisual: 37 millones de euros. Y ello a pesar de que la cultura aporta un 2,6% del empleo total en España y tiene un peso superior en el conjunto de la economía al generado por los sectores de agricultura, ganadería y pesca (2,5%), la industria química (1,1%) o las telecomunicaciones (1,8%).
En materia educativa, en cualquier caso, el Gobierno ha escuchado parcialmente las peticiones. Incluso ha anticipado la que ya se conoce como tasa Google, cuya novedad respecto a borradores anteriores es que el Ejecutivo va a buscar «fórmulas legales» para que los editores puedan cobrar una compensación de los agregadores que utilizan sus contenidos, como Google News. Aspectos mejorables había muchos. Por ejemplo: la ley debería garantizar una remuneración adecuada para autores y editores por cualquier explotación secundaria que se haga de sus libros y otras publicaciones de texto en el ámbito educativo, sin diferenciar nivel ni tipo de obra.
Además, el Consejo de Estado recomendó que la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual fuera revisada a fin de mejorar su agilidad y eficacia. También que el bloqueo de los sitios web infractores fuera una medida prioritaria. El Gobierno no ha escuchado estas ni otras recomendaciones de su órgano consultivo. Además, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobó esta semana una resolución asegurando que «el canon por las copias privadas sigue siendo la mejor opción para los creadores y consumidores». Sin embargo en nuestro país la compensación a los creadores la seguiremos pagando todos los españoles y no quienes realmente les causan el perjuicio. Y los fabricantes de equipos y dispositivos se embolsarán todo ese dinero y seguirán sin bajar sus precios.
«Cada vez tiene menos importancia en los soportes materiales, porque cada vez es más importante la copia en el mundo inmaterial», afirmó ayer el ministro Wert respecto a la copia privada. Justo lo contrario de lo que afirmó hace unos días el Tribunal Supremo de Austria cuando sentenció que los equipos de almacenamiento multifuncional como discos duros, tabletas, smartphones y ordenadores deben ser gravados con una tasa.
Hay que recordar que la cultura es algo que debemos preservar y que debe seguir siendo un sector sostenible. Por ello, sería deseable que la aprobación ayer del proyecto fuese solo una etapa más del proceso de reformas legales que necesita el sector.
Carlos Garriga es periodista y director de la consultora de comunicación CGCom.