Los líderes europeos no han sido capaces de acordar medidas concretas para luchar contra los flujos de inmigración ilegal que han derivado en catástrofes como la de Lampedusa. El documento con las conclusiones finales recoge sólo el compromiso político de que «es preciso actuar con determinación para prevenir la pérdida de vidas en el mar», pero pospone a diciembre las primeras acciones legislativas y a junio la reforma de la política migratoria.
El texto redactado recoge las aportaciones que han hecho durante la última semana los países más afectados por la inmigración ilegal –España, Italia, Malta, Grecia, Chipre, Eslovenia y Bulgaria– pero no incluye ninguna mención específica a las nuevas aportaciones que deberían hacer los Estados miembros en el presupuesto comunitario para reforzar las herramientas de control y prevención disponibles.
Tampoco se recoge de manera específica la propuesta de la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, de lanzar una misión de vigilancia en el Mediterráneo que abarque desde España hasta Chipre. Los Veintiocho tan solo hacen un llamamiento para que «se refuercen las actividades de Frontex en el Mediterráneo y a lo largo de las fronteras sudorientales de la UE» y admiten que las próximas actuaciones deben estar basadas en «el principio de solidaridad y reparto justo de responsabilidades».
La redacción está hecha de una manera tan ambigua que agrada a todo el mundo, tanto a los que reclaman más acción europea como a los países que siguen defendiendo que la vigilancia y el control de las fronteras es una cuestión estrictamente nacional. Tan solo el primer ministro maltés, Joseph Muscat, se mostró algo escéptico y aseguró que sólo estará contento «cuando vea acciones, ya que por ahora sólo hay promesas».
Desde el Gobierno español venden como un éxito el resultado final de esta cumbre en materia de inmigración porque «han quedado recogidas todas las aportaciones que ha hecho España», aunque reconocen que habría sido deseable que aparecieran reflejadas acciones más concretas. En público, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se felicitó por esta contribución y destacó que a lo largo del próximo año comenzarán a desarrollarse nuevas medidas legislativas, mientras que a corto plazo la prioridad es llegar a acuerdos con los países de origen para que «la inmigración sea una opción, no una obligación para sobrevivir».
La declaración política insta al grupo de trabajo creado por la Comisión Europea a «definir acciones prioritarias para un uso más eficaz de las políticas y los instrumentos europeos, basándose en los principios de prevención, protección y solidaridad». Bruselas dará cuenta de los progresos en la reunión de principios de diciembre y el tema volverá a ser discutido por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de finales de año. El texto añade que «el Consejo Europeo volverá a examinar las cuestiones del asilo y la inmigración, desde una perspectiva más amplia y a más largo plazo, en junio de 2014». A pesar del escaso alcance práctico de estas conclusiones, el primer ministro italiano, Enrico Letta, destacó que «el drama del Mediterráneo ya es una cuestión que debe resolver toda la UE» y consideró «suficientes» las medidas recogidas en el texto teniendo en cuenta la «escasas expectativas» que había antes de la reunión.
Al final el debate sobre la inmigración se ha vuelto a convertir en una especie de enfrentamiento entre en Norte y el Sur de Europa, como ocurre en muchas otras temáticas de la política comunitaria. La canciller alemana, Angela Merkel, también se dio por satisfecha con el resultado ya que ha conseguido despejar el debate sobre la capacidad de asilo de cada Estado miembro. «Quiero recordar que Alemania acoge ya a un gran número de solicitantes de asilo en comparación a otros países», destacó la mandataria.