La Agencia Tributaria estima, en dos informes remitidos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que el PP autonómico se financió irregularmente y cometió fraude en el pago del IVA –en el grado de colaborador– durante los ejercicios de 2007 y 2008 por servicios realizados y no facturados por la sociedad de la trama Gürtel Orange Market.
El monto total de dinero negro con el que se financiaron dichos servicios (fundamentalmente, actos electorales) se eleva a 2.960.000 euros en 2007 y a 405.450 euros en 2008. El fraude en el pago de IVA cometido por Orange Market (y por el PP como colaborador necesario) en el primero de los ejercicios analizados supone 473.600 euros, por lo que supera los 120.000 euros a partir de los cuales se considera que existe un delito fiscal. El fraude en 2008 se sitúa en 64.800 euros y, por tanto, en dicho ejercicio no se habría cometido delito, sino una infracción administrativa.
El dato de 2007 es muy relevante por cuanto en dicho año se celebraron elecciones municipales y autonómicas y, por tanto, el PP podría haber incurrido en un delito electoral.
Además, la contabilidad del PP valenciano se consolida con la contabilidad del PP nacional, ya que el partido opera con un NIF único y, consecuentemente, las irregularidades afectarían al partido en su conjunto.
Asimismo, la Agencia Tributaria estima que los informes remitidos por el Partido Popular a la Sindicatura de Cuentas (el tribunal de cuentas autonómico) de los ejercicios 2007 y 2008 no reflejan la imagen fiel de la contabilidad de dicho partido.
Los llamados «informes de avance 1 y 2» de la Agencia Tributaria, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, fueron remitidos al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) a instancias del juez José Ceres, instructor de la causa. El primero de ellos (en realidad se trataba de dos informes realizados por dos inspectores distintos) fue entregado el pasado 20 de diciembre. El segundo llegó a manos del magistrado el pasado 10 de abril.
Ambos documentos (que se basan en la información aportada por la Udef) están incorporados a las piezas 1 y 2 de la investigación del caso Gürtel que se sigue en Valencia. La primera de ellas es la que afecta a la presunta financiación ilegal del PP y, la segunda, es en la que se investigan los delitos de falsedad documental.
En ambas está imputado el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, así como los gestores de Orange Market, el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa y los responsables de las empresas que supuestamente participaron en la financiación irregular del partido (Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf).
El pasado 22 de julio, el juez Ceres hizo pública una providencia en la que instaba a «agilizar» la documentación requerida por los inspectores de la Agencia Tributaria (y que se corresponde con datos del ejercicio 2008) con el objeto de que éstos concluyan su «informe final». El magistrado les pedía que en él hicieran «una valoración de las consecuencias jurídico penales de naturaleza tributaria e impositiva» que se deriven para el PP respecto a los ejercicios que se investigan (2007 y 2008).
Según fuentes jurídicas, el informe definitivo estará listo en un plazo breve y no se esperan modificaciones sustanciales respecto a lo que se establece en los dos primeros.
Seguramente, el propio Luis Bárcenas tendrá que ser llamado a declarar para que se ratifique o no en la versión que dio ante el juez del TSJCV el pasado 22 de mayo, en la que negó conocer si había financiación irregular en el PP de Valencia.
Sin embargo, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz del pasado 15 de julio, el ex tesorero del PP admitió que Vicente Cotino (sobrino de Juan Cotino), presidente del Grupo Sedesa, realizó una aportación de 200.000 euros en metálico que fueron apuntados en la contabilidad B.
Bárcenas reconoció asimismo que en la Comunidad Valenciana también existía una contabilidad oculta donde se anotaban aportaciones en metálico de los empresarios que financiaban al partido.
Curiosamente, esas afirmaciones confirman lo que han venido manteniendo los informes de la Udef desde hace cuatro años: el PP valenciano tenía una contabilidad A, conocida como Alicante, y una contabilidad B, identificada como Barcelona en los papeles que se incautaron en Valencia.
Según la Udef, el PP de la Comunidad Valenciana no pagaba parte de sus actos de la campaña electoral para no superar los límites legales (en 2007 se celebraron elecciones municipales y autonómicas y en 2008, generales).
La financiación irregular se lograba por una doble vía. Los empresarios investigados pagaban, según los informes de la citada unidad policial, una parte de los actos a Orange Market, que era la sociedad que los organizaba y, para justificar esos pagos, hacían facturas falsas por servicios ficticios.
Por otra parte, el PP valenciano pagaba a Orange Market sus actos electorales con dinero negro.
Para la Udef, el verdadero responsable de ese esquema de financiación ilegal del PP autonómico no era Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza visible de Orange Market, sino su número dos, Cándido Herrero, que actuaba como consejero delegado de la empresa y que reportaba directamente con la mano derecha de Francisco Correa en Gürtel, Pablo Crespo.
Los papeles más significativos y los documentos informáticos más jugosos le fueron incautados por la Policía precisamente a Cándido Herrero.
El consejero delegado de Orange Market identificó de forma curiosa a algunos de los que le hicieron entregas de dinero negro hasta sumar 3,4 millones de euros entre 2007 y 2008. Al ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra lo llamaba El tuerto; a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, simplemente Sonia; al presidente del Grupo Vallalba, Rafael Martínez Berna, lo designaba El Cantante, mientras que a Felipe Almenar, presidente del Grupo Cyes, le bautizó como El Príncipe. Otros pagos en dinero negro a Orange Market fueron realizados por David Serra (ex vicesecretario del PP valenciano) y por Francisco Martínez (vicesecretario del PP de Castellón y vicepresidente de la Diputación de esa provincia).
El 5 de octubre de 2009, EL MUNDO publicó que los entonces vicepresidentes del Gobierno valenciano, Víctor Campos y Vicente Rambla, indicaron directamente a algunos de los empresarios que tenían que contratar a Orange Market. El propio Campos fue quien dio instrucciones a Ricardo Costa (ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana) para que contratara a Orange Market con el fin de organizar los actos del partido.
Entre 2007 y 2008, esta empresa facturó en la comunidad autónoma más de 6,5 millones de euros en A. Sumando las cantidades cobradas en B, la cifra se elevaría a 9,8 millones de euros.
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