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La CNMV pide que se multe a Jaime Botín con 500.000 por engañar a sus accionistas

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó ayer por unanimidad que Jaime Botín, primer accionista de Bankinter y uno de los principales banqueros de España, debe ser sancionado económicamente por cometer una «infracción muy grave continuada» al engañar a los accionistas.

Tras una larga carrera en el sector financiero español, el hermano del presidente del Santander verá en breve publicado su nombre en el Boletín Oficial del Estado con la cuantía exacta de la sanción, aunque fuentes consultadas señalaron a EL MUNDO que rondará los 500.000 euros.

La decisión formal acordada por la CNMV es proponer al ministro de Economía, Luis de Guindos, para que imponga la sanción. De Guindos –o, por delegación, su secretario de Estado– es el facultado para imponer la multa, pero ya dio muestras ayer de que lo hará, puesto que su representante en el consejo de la CNMV, el secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, se unió al acuerdo unánime, según pudo saber EL MUNDO. Fuentes oficiales del organismo declinaron hacer comentarios.

La decisión, impulsada por la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, pone así fin a un expediente iniciado hace más de tres años. El consejo decidió finalmente ayer no pedir la sanción máxima, de 600.000 euros, según las fuentes consultadas.

Tras un debate interno, consideró que había que dejar margen por si surge en el futuro una infracción aún más grave que la del banquero cántabro. Tampoco propuso su inhabilitación, puesto que el septuagenario banquero se apartó ya él mismo del consejo de administración del banco el pasado año, en paralelo a su expediente sancionador, delegando en su hijo y en su sociedad Cartival.

El acuerdo supone castigar a Jaime Botín por haber ocultado a los inversores y a la propia CNMV «en infracción continuada» que ostentaba en realidad un 50% más de acciones de Bankinter que las declaradas oficialmente. En lugar del 16% del capital contaba con el 24% puesto que mantenía oculto en «una fundación familiar» en Suiza un 8% no declarado.

Esta ocultación perjudicó especialmente al banco francés Crédit Agricole, que intentó hacerse con el control de Bankinter desde 2008 invirtiendo más de 1.000 millones de euros para disputar a Botín el control del banco. Llegó a hacerse con el 23% estimando que con ello era el primer accionista frente al 16% del financiero cántabro. El 30 de julio de 2010 el grupo francés salió definitivamente de su error, al publicar Botín un hecho relevante confesando que, tras ser descubierto su patrimonio en Suiza, disponía de un 8% adicional.

Esta ocultación infringe muy gravemente la Ley del Mercado de Valores, según acordó ayer la CNMV, puesto que todo accionista con más de un 5% del capital está obligado a detallar toda su participación para que los inversores sepan en qué terreno juegan. El bufete Ramón y Cajal, que defiende a Jaime Botín, sostuvo que existía prescripción al haber pasado más de cinco años desde que su cliente ocultaba la participación accionarial. Pero la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, logró ayer respaldo a su criterio de que no había prescrito al tratarse de «una infracción continuada». Es decir, que cada día que no había desvelado su participación estaba infringiendo la Ley del Mercado de Valores hasta el citado día de julio de 2010.

En aquel momento, Botín se vio obligado a aflorar su participación, porque acababa de declararla a la Agencia Tributaria al presentar declaraciones de IRPF y Patrimonio complementarias para regularizar su situación fiscal.

Meses antes, las autoridades francesas entregaron a las españolas un listado de clientes opacos del HSBC en Suiza facilitado por el ex empleado Hervé Falciani. Encabezaban la clientela española los hermanos Botín como herederos de su padre que había trasladado patrimonio a Suiza durante la Guerra Civil y la familia nunca lo había repatriado desde entonces.

Con Elena Salgado como ministra de Hacienda, la Agencia Tributaria ofreció a los clientes del HSBC la posibilidad de regularizar voluntariamente lo no prescrito para no ser acusados de delito fiscal. Los banqueros cántabros se aprestaron a hacerlo, pero aún así, la Agencia Tributaria terminó trasladando su caso a la Fiscalía por si no podía comprobar si la regularización era total a tiempo de evitar prescripciones.

Para entonces la CNMV ya había abierto expediente a Jaime Botín, pero decidió dejarlo en suspenso en tanto acababa el proceso judicial por fraude fiscal.

En mayo de 2012, la Audiencia Nacional terminó archivando el caso y la CNMV reactivó el expediente con autorización expresa de De Guindos. Elvira Rodríguez, inició un largo debate interno que concluyó ayer.