En 2014, y por cuarto año consecutivo, el sueldo de los empleados públicos permanecerá congelado. Así queda establecido en los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de Mariano Rajoy presenta hoy, pero cuyo contenido avanzó ayer Hacienda.
El de 2010 fue el último ejercicio en el que se revalorizó el sueldo de los funcionarios, apenas un 0,3% si bien en mayo de ese mismo año José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una rebaja media del 5%. Por tanto, desde 2009, y teniendo en cuenta el índice medio del IPC más la inflación prevista por el consenso de Funcas para este ejercicio y el próximo, su poder adquisitivo habrá caído un 14,3%; y un 14,7 si se pondera el efecto de la extra suprimida.
El Ministerio de Hacienda y AAPP explicó ayer que «los empleados públicos mantendrán sus retribuciones en 2014», pero que «se mantendrá el cobro de las dos pagas extraordinarias en 2014». En 2009, la masa salarial de los trabajadores públicos se situaba en 125.710 millones de euros. En 2011 se redujo hasta los 123.550, y el año pasado, teniendo en cuenta el efecto de la supresión de la paga extra, cayó a 116.087 millones. Un ahorro, contando el presente año, superior a 25.000 millones de euros.
Por ello, el Gobierno «ha reconocido los esfuerzos que en materia de contención se han pedido a los empleados públicos y el servicio, eficaz y profesional, que prestan a la sociedad, permitiendo garantizar los niveles de calidad de los servicios públicos y contribuir a ir superando, día a día, los retos de la actual coyuntura».
En todo caso, los ajustes del sector público, según los sindicatos, son inaceptables y quedarían muy por encima del 2,5% de caída sufrido por los salarios pactados en convenios del sector privado. Además, el próximo año, al igual que éste, se congelará la aportación del Estado al fondo de pensiones de los trabajadores de la Administración General y tampoco aumentará la oferta de empleo como norma general, si bien podrá haber algunas excepciones en «sectores prioritarios» como Educación, Sanidad, Policía o FFAA, en los que la tasa de reposición podrá llegar a un máximo del 10%.
Al cierre de 2012, en España había algo más de dos millones y medio de trabajadores públicos (ver gráfico), unos 50.000 más que antes del inicio de la crisis. A 30 de agosto de 2013, el número de empleados del Estado se habría reducido casi un 3% hasta sumar 560.111, de los que 497.630 son funcionarios y 62.481 personal laboral.
En lo que respecta a su masa salarial, hasta agosto también registró «una reducción del 2,08% frente a 2012», lo que supone 11.195 millones de euros y «un ahorro por esta partida de más de 238 millones de euros».
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) señaló ayer que «la nueva congelación de la oferta pública de empleo tendrá efectos muy negativos, dado que se elevará la carga de trabajo (especialmente en sectores sensibles como el SEPE, Prisiones, la Sanidad o la enseñanza) y por extensión se agravará el deterioro de los servicios públicos que reciben los ciudadanos». Y por ello consideran que «si el Gobierno no aumenta la tasa de reposición, las administraciones se verán abocadas a corto medio plazo al colapso o a la privatización».