La reforma educativa dirá explícitamente que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo serán también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos». Así lo establece una enmienda de UPyD que el Grupo Parlamentario Popular tiene intención de incorporar al proyecto de la Lomce y que clarifica la cuestión lingüística en la ley, con un redactado más concreto que los anteriores.
Además, otra enmienda del PP permitirá que el silencio administrativo active el mecanismo por el que los padres pueden recurrir a la enseñanza privada en castellano costeada por las comunidades autónomas, si no se les ofrece un colegio público o concertado de estas características.
PSOE, CiU, PNV e IU arremetieron ayer contra una norma que, en su opinión, supone una «transgresión» de las competencias autonómicas y una «alteración» del sistema lingüístico.
En las distintas versiones que han dado lugar al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce) que actualmente se tramita en el Congreso, el equipo del ministro José Ignacio Wert ha ido perfilando poco a poco la cuestión lingüística, una de las más polémicas de toda la reforma. Ahora, una enmienda del PP y otra de UPyD dan un paso más para garantizar el derecho a aprender en español en todo el Estado.
Hasta la fecha, el carácter vehicular del castellano –al que obligan el Tribunal Constitucional y el Supremo– aparecía de forma indirecta hacia la mitad de la disposición adicional 38º, en la parte que obligaba al Gobierno autonómico –especialmente el catalán, que es el que se resiste a hacerlo– a «garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular» y, si no lo hacía, a pagar colegios privados a los padres que así lo pidiesen.
Esta redacción se mantiene tal cual, pero se añadirá una frase nueva que explícitamente, y de forma general, dice que «el castellano es lengua vehicular en todo el Estado» como lo son las lenguas cooficiales. Y se hará al principio de toda la disposición, a modo de declaración de intenciones, justo por delante de un párrafo más genérico que señala que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios».
El diputado del PP Eugenio Nasarre anunció ayer en la Comisión de Educación del Congreso, donde comenzaron a debatirse las cerca de 800 enmiendas a la Lomce, su deseo de «aceptar» la número 240, de UPyD, un partido que siempre ha defendido que el texto del Gobierno se quedaba corto. También lo había hecho notar el Consejo Escolar del Estado, que pidió a Wert que redactara mejor lo relativo a la cuestión lingüística. «El texto debería perseguir que las comunidades garanticen la enseñanza en las dos lenguas», planteó su dictamen.
En sus otras enmiendas, UPyD va más lejos que el Gobierno y propone fijar una proporción mínima «del 40% de los periodos lectivos impartidos en cada lengua», pero el Ministerio es reacio a poner porcentajes: sostiene que son las comunidades las que deben determinar «la proporción razonable» en la que se enseña en una y otra lengua.
Así que el PP, de momento, sólo ha escogido la enmienda 240. Y ha propuesto, por su parte, que, si hay silencio administrativo –es previsible que así actúe Cataluña–, los padres puedan ponerse automáticamente a buscar plaza en el centro privado de su elección para satisfacer su derecho a que el español sea lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos.
Nasarre argumentó ayer que, hasta ahora, el uso de las lenguas se ha guiado por normas autonómicas que «no sólo no garantizan suficientemente que el castellano sea lengua vehicular, sino que incluso lo impiden». «La Lomce es legítima constitucionalmente y es pertinente, aunque sea tardía», defendió. Y se remontó a los tiempos de la Constitución de 1931, cuyo artículo 50 impuso «el obligatorio estudio de la lengua castellana, a propuesta de los socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero». «Ojalá los socialistas de ahora mantuvieran una posición similar», aventuró.
Porque el PSOE ha hecho piña con la oposición –salvo UPyD, Foro y UPN– y ayer, todos a una, denunciaron que la Lomce «conlleva una clara transgresión de las competencias de las comunidades autónomas, llegando incluso a la alteración del sistema lingüístico educativo».
El PSOE pide que se suprima la disposición adicional 38º y sus argumentos son parecidos a los que utilizan los nacionalistas. «Estamos ante la ley educativa más recentralizadora desde el franquismo», afirmó el diputado Germán Rodríguez, que defendió que «no existe ningún problema con la inmersión vigente».
El PP insiste en que su modelo de «bilingüismo integrador» es «enriquecedor» y «no agrede a nadie», pero Martí Barberà (CiU) lo definió como un «ataque al modelo educativo catalán y a su sistema de inmersión lingüístico». Isabel Sánchez Robles (PNV) también criticó lo que considera un «abuso competencial» de «perverso efecto jacobino contaminante».