La multitud de infracciones de los partidos cometidas durante décadas contra la Ley de Financiación que los regula han quedado prescritas, según indicó ayer en el Congreso de los Diputados el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda. Todos los años en los que Luis Bárcenas fue gerente o tesorero, en los que CiU recibió fuertes donaciones anónimas o en los que el PSOE logró opacas condonaciones de deuda, ya no pueden ser objeto de sanción por parte del órgano fiscalizador del Estado, porque éste solo puede ya actuar contra infracciones cometidas a partir de 2012.
El mecanismo diabólico que ha provocado tal impunidad es que el Tribunal de Cuentas tarda hasta cinco años en completar la fiscalización de las cuentas anuales de los partidos y si sus tesoreros cometen infracciones, prescriben a los seis meses. Así lo explicó Álvarez de Miranda al ser preguntado por los parlamentarios sobre las razones de no incoar expedientes sancionadores cuando él mismo admite que hay irregularidades todos los años en las contabilidades de varios partidos.
«En el Tribunal hemos considerado que iniciar expedientes sancionadores que van a ser declarados prescritos desde el inicio, no era una labor adecuada y que se abrirían expectativas que no se corresponden con lo previsto en la ley», declaró Álvarez de Miranda. Éste matizó que sí es posible abrir expedientes sancionadores por infracciones cometidas a partir de 2012 porque el pasado año entró en vigor, por primera vez, un plazo de prescripción determinado que es de cuatro años. Es decir, el Tribunal de Cuentas podrá perseguir irregularidades de cuentas de 2012 hasta 2016.
¿Y todos los ejercicios anteriores? Imposible ya, según el presidente del Tribunal, porque la Ley de Financiación de 1987 y la de 2007 que la reformó no introdujeron un periodo de prescripción y, según el presidente del Tribunal, solo cabía interpretar la prevista para las infracciones leves que no excede seis meses.
Ayer mismo, Álvarez de Miranda presentó ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas el informe sobre contabilidad de partidos políticos correspondientes a 2008 con irregularidades generalizadas, pero el presidente señaló que no cabía abrir expediente, porque todas ellas prescribieron en 2009. En este informe, del que ya informó EL MUNDO el pasado julio, incluye que CiU simuló trabajos para sus fundaciones por el caso Palau o que Izquierda Unida en Madrid y Andalucía no remitieron sus contabilidades al Tribunal, en contra de lo previsto en la Ley.
Álvarez de Miranda –que sólo lleva un año en el cargo de presidente– anunció que el mes que viene el Tribunal finalizará la fiscalización de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, lo que supone una rapidez sin precedentes, pero demasiado tarde como para evitar la prescripción de las irregularidades que hallen.
«Reiteradamente hemos dicho que el régimen sancionador previsto en la Ley era insuficiente», recordó Álvarez de Miranda a los parlamentarios. La portavoz de UPyD, Irene Lozano, acusó al Tribunal de ser permisivo con los dos grandes partidos, puesto que la mayoría de los vocales que lo integran pertenecen a ellos. «Es una acusación profundamente injusta», se defendió Álvarez de Miranda.
El portavoz del PP, Eloy Suárez, le pidió explicaciones sobre las condonaciones de deuda del PSOE, pero el presidente del Tribunal de Cuentas señaló que no tenía las cifras disponibles y que, en todo caso, este tipo de «financiación no prevista en la Ley» había sido utilizada por varios partidos. El socialista Ciprià Ciscar aludió veladamente a la refundación de Alianza Popular como Partido Popular como ejemplo «de condonación de todos los créditos y deudas hasta entonces».