EL DEBATE sobre el modelo territorial de España vuelve a convertirse en la cuestión central de nuestra convivencia política. El planteamiento del Gobierno de Cataluña, encaminado a la celebración de una consulta, supone un reto de gran trascendencia para nuestro futuro colectivo. Como ya he tenido ocasión de expresar, opino que esa reivindicación, tal y como aparece formulada, no es viable, ni política ni jurídicamente. No lo es a la luz de la Constitución de 1978, ni de los tratados europeos. Pero ello no supone ignorar o minusvalorar las pro- fundas aspiraciones políticas que tiene una buena parte de los ciudadanos de Cataluña.
El diálogo, y la búsqueda de acuerdos políticos, resultan, pues, obligados. En democracia, no hay caminos unilaterales. En democracia, nadie puede pretender la imposición de un programa máximo, ni ideológico, ni identitario, ni de cualquier otro tipo.
Es necesario un pacto, un nuevo pacto. Y lo cierto es que hasta este momento sólo hay una propuesta para abordarlo, la que ha formulado el PSOE en su documento titulado Un Nuevo Pacto Territorial: La España de Todos, hecho público el pasado mes de julio.
ESTA PROPUESTA supone al tiempo una reafirmación y una toma de iniciativa. La reafirmación es la del Estado Autonómico y sus mejores principios fundacionales. La de España como compromiso colectivo en torno a un proyecto común respetuoso de las identidades diferenciadas. La de España gobernada bajo los principios de la solidaridad, la cooperación y la eficacia, al servicio de la igualdad básica de los ciudadanos inherente a un Estado democrático.
Y, junto a esa reafirmación, la toma de iniciativa para llevar a cabo una reforma de la Constitución que colme los vacíos y dé respuesta a los interrogantes que el título VIII de la Constitución dejó planteados y que en la aplicación del mismo no hemos acertado a resolver.
Cabe recordar que no es la primera vez que se plantea abiertamente la necesidad de introducir cambios en la Constitución que afecten al título VIII. En 2005, y en cumplimiento del compromiso que yo había adquirido en la investidura, el Gobierno elevó al consejo de Estado una consulta sobre una eventual reforma del texto constitucional. Previamente, a finales de 2004, el Congreso de los Diputados, por amplísima mayoría, había aprobado una modificación de la Ley reguladora del alto órgano consultivo para atribuirle este papel. Bajo la presidencia de Francisco Rubio Llorente, el consejo elaboró, contando con muy diversas e interesantes aportaciones del campo académico y de los propios letrados de la institución, un informe sobre la reforma cuyo valor, recientemente ponderado por el actual presidente del consejo, José Manuel Romay Beccaría, trasciende el marco de la iniciativa en la que surgió.
AQUELLA propuesta de reforma, que se quedó en una reforma non nata al no contar con el suficiente consenso político de partida, pretendía, entre otros extremos, abordar las cuestiones pendientes en el sistema autonómico, lo que hubiera permitido, de haberse podido avanzar en ella, orientar, enmarcar y facilitar el nuevo proceso de reformas estatutarias que se venían reclaman- do desde algunas comunidades autónomas y que, como en oca- siones precedentes, terminó por gene- ralizarse.
No pudo ser. Pero sí se hicieron las reformas de los Estatutos y algunas de las cuestiones más relevantes que éstas suscitaron no encontraban una fácil respuesta en los principios y las reglas del título VIII. Finalmente, hubo de pronunciarse sobre aquéllas el Tribunal Constitucional, impelido a asumir quizá más el papel de constituyente que el de máximo intérprete de la Constitución.
En nada nos sirve ya mirar al pasado, salvo para aprender de la experiencia. Y para tomar conciencia de que la necesidad de completar y poner al día nuestro modelo territorial, en sede constitucional, no se plantea de nuevo por casualidad o por intereses políticos de corto alcance.
El PSOE ha tomado la iniciativa y debería ser tenida en cuenta. A mi juicio, la declaración contiene propuestas lo suficientemente concretas para que no puedan ser tildadas de retóricas y lo suficientemente abiertas para permitir un amplio margen de diálogo y acuerdo.
LOS TEMAS a abordar en una posible reforma de la Constitución están bien identificados: el cabal reconocimiento de los hechos diferenciales y de las singularidades políticas y lingüísticas como genuina expresión de la diversidad, la incorporación del mapa autonómico de España, la fijación de una distribución de competencias que delimite mejor las responsabilidades respectivas del Estado y de las comunidades autónomas, la atribución al Senado de un nuevo rol institucional, la decantación del sistema de financiación autonómica (hasta ahora permanentemente sometido a revisión y que necesita estabilidad), el establecimiento de bases más sólidas e institucionalizadas de cooperación y participación, particularmente en relación con las tareas vinculadas a la Unión Europea.
Que, así mismo, se proponga buscar las soluciones a algunas de esas cuestiones en las experiencias contrastadas del modelo federal me parece que tiene hoy pleno sentido. Son aspectos, todos ellos, de gran calado, susceptibles de abrir un amplio espacio de diálogo entre las posiciones nacionalistas, autonomistas y federalistas. Un espacio de diálogo constitucional, de diálogo para el reencuentro, que evoca el compromiso democrático de 1978 de forjar un gran pacto para pactar, para seguir pactando, para no romper.
Ya sabemos que los intentos que ha habido hasta ahora de abordar una reforma del título VIII de la Constitución no han fructificado. Pero lo propio de la democracia es volver a intentarlo, es asumir que las instituciones son mejorables, es reconocer que nuestro proyecto común necesita nuevas energías.
Sé por experiencia que la tarea es difícil. Que exigirá generosidad, superar prejuicios y también asumir algún riesgo. Pero es un camino que deberíamos ser capaces de recorrer. Porque quizá, además, no tengamos otro.
José Luis Rodríguez Zapatero fue secretario general del PSOE, presidente del Gobierno en dos legislaturas y es miembro del Consejo de Estado desde febrero de 2012.