El pasado 12 de julio, el magistrado encargado de la instrucción penal del célebre caso Palau –esa gran maquinaria presuntamente dedicada a lucrar al señor Millet y, parece que también, a lavar el dinero de la financiación ilegal de CDC– emitió un auto dando por finalizada su labor a pesar de que, según reza textualmente, no se haya logrado averiguar el destino de una gran parte de los fondos saqueados.
Son diversos los indicios de gravísimos hechos delictivos detectados, como el desvío de fondos públicos en beneficio particular de los celebérrimos Millet y Montull, o el presunto cobro por parte del partido en el Gobierno de comisiones del 4% de las principales obras públicas llevadas a cabo en los últimos años en Cataluña.
Sin embargo, hoy en día nos estamos acostumbrando a oír noticias sobre latrocinio de dinero público, de modo que no es esto lo que nos causa espanto y motiva estas líneas pues, como ya enseñara Maquiavelo, «nunca faltan razones para robar los bienes ajenos; el que comienza viviendo de rapiñas, siempre encuentra pretexto para apoderarse de lo ajeno». Lo que sí causa náusea y perplejidad es el papel que han jugado en este caso las tres entidades financieras –Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Bancaja– que han sido requeridas para aportar información al proceso.
Estas tres cajas de ahorro, que a día de hoy hemos tenido que salvar de la quiebra con el dinero de todos los ciudadanos, no sólo permitieron (incumpliendo sus obligaciones) el movimiento ilegal de fondos, pese a que las operaciones eran «sospechosas», tampoco informaron en su momento, violando nuevamente las normas anti-blanqueo. Finalmente, ahora no encuentran la documentación. Se llega al punto de no dar información sobre cheques de importes que llegan hasta 300.000 euros, cobrados en varias ocasiones por ventanilla, respecto de años en que no había prescrito su obligación de custodiar la documentación.
Ante tal situación, el instructor entiende que no dispondrá de más información para averiguar el destino de los fondos públicos expoliados y da por zanjada la instrucción, limitándose a dar cuenta al Banco de España de los graves incumplimientos perpetrados por las citadas cajas, sin plantearse la posibilidad de iniciar actuaciones penales contra los empleados bancarios que obstruyeron sus pesquisas.
No sorprende a nadie hoy en día la patente connivencia existente entre algunos bancos y ciertos partidos políticos, siendo aquéllos el postrero aposento de buena parte de los mandatarios públicos caducos; pero de ese clientelismo conocido a ejercer una labor de destrucción de pruebas en un procedimiento penal, obstruyendo la colaboración con uno de los tres poderes del Estado, y facilitando la impunidad, hay un camino muy largo. Probablemente, la respuesta judicial podría y debería haber sido más contundente, porque si algunas entidades financieras hubiesen actuado de otra forma, es decir legalmente, gran parte de este saqueo no se hubiese producido. No debería salirles gratis porque a los ciudadanos nos está saliendo muy caro.
Esaú Alarcón García es abogado tributaristas fundador de www.fiscalblog.es y Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda del Estado.