Llegados a este punto, las palabras ya no arreglan nada. No son capaces de despejar las sospechas, ni de confirmarlas, ni devuelven la tranquilidad a los ciudadanos ni tampoco restituyen el crédito perdido a los políticos señalados. Pero es imprescindible pronunciarlas.
Conviene reconocer de entrada que, si la cúpula del PP se decide de una vez a romper el inquietante silencio en el que se ha enrocado, lo más que podríamos tener serían los desmentidos de los afectados frente a las anotaciones del ex tesorero. Palabras contra palabras. Con eso no hacemos nada.
Por eso, una vez que Luis Bárcenas ha cambiado su versión y dice que esas anotaciones son de su puño y letra y que el PP se ha estado financiando de manera irregular durante 20 años, tiene que demostrarlo. Tiene que demostrar, primero, que su inmensa fortuna no procede del robo. Pero también debe señalar, y probar, qué empresas y qué empresarios le entregaron dinero, en qué cantidades y con qué contrapartidas. Y debe probar que los dirigentes del Partido Popular mencionados en esa hoja cobraron, efectivamente, ese dinero y lo cobraron en negro.
Afortunadamente, ya hemos entrado de lleno en el campo de la Justicia, donde lo que valen son las pruebas, no las opiniones. Una verdad no se convierte en una verdad mayor por el hecho de que esté escrita. Tampoco una mentira se convierte en verdad por aparecer anotada en una hoja contable.
Así que el juez Ruz debe llamar a Bárcenas a declarar cuanto antes para que se ratifique en su nueva versión y para que le entregue la totalidad de sus papeles, porque con una única hoja no se puede apreciar la exacta amplitud del paisaje.
Pero, sobre todo, es exigible que aparezcan los documentos que demuestren que, efectivamente, los políticos mencionados en este único papel original conocido cobraron un dinero incumpliendo la Ley de Incompatibilidades. Y no sólo éstos: todos los que aparezcan en las anotaciones que Bárcenas ha estado acumulando durante décadas y que seguro que ocupan un cerro de libretas.
Si tiene alguna prueba, la que sea, debe aportarla inmediatamente. Mientras no lo haga, estaremos ante una tempestad de sospechas con fuerza política sobrada para dañar la honorabilidad de muchos, y la de Mariano Rajoy por encima de la del resto. Pero no podremos decir que estamos ante un escándalo real ni tampoco exigir las correspondientes responsabilidades. Mientras esas pruebas no aparezcan, cada uno de nosotros se verá forzado a tirar de especulaciones, de convicciones personales, de filias o de fobias para dictar veredictos privados y endebles, basados en opiniones, no en certezas.
Es verdad que a Rajoy no le va a servir de nada desmentir una vez más lo que pone ese papel en lo que se refiere a su persona. Pero ni siquiera eso es suficiente para eximirle de su obligación de dirigirse a la opinión pública y dar explicaciones. No se puede tener a un país colgado de la incertidumbre, o directamente de la ira, y no tomarse la molestia de decirle algo. Bárcenas fue su tesorero, no se lo impuso nadie. Y, por eso mismo, nadie tiene ahora por qué hacerse cargo de la honorabilidad de quienes fueron elegidos para resolver problemas, no para crearlos.