Se ha hecho tarde. Las explicaciones de Hacienda, de la Agencia Tributaria o del ministro Montoro dan ya un poco en hueso. A estas alturas, dos semanas después de que se tuviera la primera noticia de que la Infanta Cristina había vendido, supuestamente, las fincas y viviendas más dispares en los lugares más inauditos, lo que ya se ha abierto paso es la intensísima sospecha de que la Agencia Tributaria, seguramente por orden del poder político, lleva años, décadas quizá, protegiendo las actividades fiscales de los miembros de la Familia Real.
De cuándo daten esas órdenes no escritas de mirar para otro lado en lo que a los parientes del Rey se refiere, es lo de menos. Puede que vengan de muchos años atrás y se hayan mantenido invariables con el paso de los sucesivos gobiernos. Es más, puede que la cosa venga de siempre y puede también que, lo mismo que hemos encontrado esto con motivo de la investigación del casoUrdangarin, encontráramos cosas sorprendentes si, por algún nuevo requerimiento judicial, hubiera que husmear en las cuentas de cualquier otro de los miembros de la Familia. No hay otra explicación razonable al incómodo, perturbador y prolongadísimo silencio de quienes tenían la obligación de despejar nuestras dudas y a su muy insuficiente explicación de ayer noche.
Y lo importante aquí no es si lo transmitido desde las notarías fue acertado o erróneo. Lo que importa es que ninguno de esos errores – ni de los que seguramente permanecen ocultos en el interior de ese cascarón blindado cuya existencia ignorábamos– fue descubierto en su momento por Hacienda y consiguientemente enderezado. Ninguno.
Y no lo fue por la sencilla razón de que ahí dentro no se mira. Ni más ni menos. Por eso sucede que, en el informe remitido al juez –y que, a pesar de todos los errores que contenía, no fue luego corregido–, las ventas que no son sí que están. Pero resulta que no están las ventas que sí son, como la de la del dúplex de Pedralbes.
Cuenta aquí Casimiro García-Abadillo que el ministro Montoro asegura a sus próximos que la Infanta no goza de ninguna protección informática. No, no, si lo que está emergiendo ante nuestros atónitos ojos es el efecto fiscal de una protección política, no el trucaje de un programa de ordenador. Por eso ya podemos esperar sentados a conocer las auténticas claves de lo sucedido. Para hacer algo así, antes tendría que despojarse Hacienda de su ropaje de tribuno impermeable a las debilidades e incompatible con los errores. Y no digamos con las trampas, especialmente si son suyas.