«A todos aquellos, de dentro y de fuera del socialismo, que hablan de la falsa insolidaridad catalana les pido que me acompañen en la propuesta de eliminar el privilegio que suponen los sistemas de concierto vasco y navarro. Si queremos una financiación justa, comencemos por eliminar en la reforma de la Constitución los privilegios que existen hoy». Cuando el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, lanzó este debate el pasado día 13, cundió la alegría en privado entre consejeros de Hacienda autonómicos, especialmente los limítrofes con el País Vasco y Navarra, hartos de estar financiando sin que se sepa a dos de las comunidades con mejor renta per cápita de España.
El 28 de febrero de 1878, un Real Decreto de Alfonso XII dio forma al Concierto Económico. Un paso para que esas provincias participaran de la financiación del reino «por todos los conceptos y en idéntica proporción que las demás de la Monarquía». Fijaba un plazo de ocho años para armonizar la peculiaridad foral con todo el sistema. Hoy, sigue en vigor y supone una sangría de millones para el resto del Estado.
El problema no es el Concierto vasco o el Convenio navarro, que permiten a ambas comunidades disponer de agencia tributaria propia y recaudar sus impuestos. Lo peor, según reconocen en privado la práctica unanimidad de consejeros de Hacienda del resto del Estado, son el Cupo (el pago anual que las dos CCAA deben hacer a Hacienda para compensar servicios de los que se benefician, como infraestructuras, instituciones, política exterior o Defensa) y el método de cálculo de lo que se recauda por un impuesto cedido en parte como el IVA.
De todos esos gastos del Estado, el País Vasco asume, según se fijó en la Ley de Cupo de 1981, un índice de imputación del 6,24%. Navarra, del 1,6%. Pero esa cantidad, gracias a la capacidad negociadora de los ejecutivos regionales y la necesidad de apoyos de los gobiernos nacionales, nunca se ha revisado.
Además, según estimaciones internas del Ministerio de Hacienda, País Vasco y Navarra reciben cada año unos 1.500 millones de más de lo que les corresponden en concepto de IVA recaudado, sin contar ventajas adicionales por compensaciones financieras y otros conceptos. Esta cantidad cubre con creces lo que aportan. En los Presupuestos de 2013, Euskadi aporta por el Cupo 920 millones y Navarra, 551.
El resultado es que, pese a su nivel de renta, son receptores netos del resto del Estado y, según en qué ejercicios, han llegado a tener saldos a su favor reales superiores a los 800 millones anuales, según estas estimaciones, que el Ministerio no difunde. La explicación es la siguiente. El Gobierno central distribuye ingresos de IVA entre las comunidades de régimen común basándose en un índice determinado cada año por el INE en función del consumo de cada región. Para Euskadi es diferente. El índice está fijado desde 1987, siendo ministro el navarro Carlos Solchaga, en el 6,875% del total, por encima del de la Ley del Cupo. Sin embargo, en ese año solo representaba el 5,71% de la población española. Además, según la encuesta de consumos familiares del INE, se podría estimar el índice vasco en el 5,62%.
Consejeros de Hacienda de comunidades limítrofes han alertado de que es aún peor, pues «las diputaciones forales no sólo recaudan el IVA ingresado en su territorio, sino que reciben del Estado un porcentaje fijo de la recaudación global, lo que en la práctica arroja un resultado en su favor superior al teórico 6,875%», asegura uno de ellos a este diario. Sólo en 2012, y pese a que venden más de lo que compran, Hacienda devolvió por concepto de IVA algo más de 1.100 millones de euros al País Vasco y 600 a Navarra, una subida del 112% en apenas un ejercicio, según el ex responsable de la organización de inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre.
En el caso de Navarra, existen unos topes para las regularizaciones en los ajustes de recaudación de IVA que le favorecen en unos 300 millones anuales, según estimaciones internas de Hacienda. Al agregar a esta cantidad otras compensaciones financieras o servicios de empleo, Educación o Sanidad, el saldo total también le sale favorable .
«El sistema de concierto no me gusta. No lo tiene ningún país federal del mundo y genera distorsiones, pero es un problema menor. El de verdad, el que cuesta muchos miles de millones de euros, es el Cupo», explica Ángel de la Fuente, investigador del CSIC y uno de los que más ha escrito e investigado sobre la financiación autonómica. En la misma línea se pronuncia Mikel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense, para quien el Concierto es «uno de los residuos del Antiguo Régimen. Un anacronismo con buenos resultados, y gestión, pero sólo para esas dos comunidades».
Estos profesores son muy críticos con el diseño del Cupo. «La contribución del País Vasco a la Hacienda estatal es muy inferior a lo que debería ser (...). El origen del desajuste está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible», explica De la Fuente en uno de sus trabajos.
«El Cupo está regulado por una Ley independiente de la del Concierto, y que se hace cada cinco años. El problema es que todo lo que pone en la Ley, es falso. Es un cuadro con el coste de las competencias del Estado que no han sido transferidas y una serie de compensaciones por impuestos, sobre todo por el IVA, déficit público y otros conciertos. Pero las cifras que aparecen evaluando las competencias del Estado y las compensaciones, son falsas. Infravaloran el coste de las competencias y sobrevaloran las compensaciones, y por eso el importe del Cupo es ridículo».
Los cálculos del profesor De la Fuente apuntan a un desajuste superior al que baraja el Ministerio. Según él, las deficiencias en los datos de la fórmula de cálculo del Cupo rebajaron «la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007». Un funcionario de la Agencia Tributaria, Javier Vicente Matilla, en un artículo publicado en Crónica Tributaria en 2012, sostenía, a título personal, que sólo el País Vasco está recibiendo de más 1.820 millones de euros al año.
«País Vasco y Navarra no aportan nada para cubrir los gasto generales del Estado, ni las competencias no transferidas ni muchísimo menos a la solidaridad», asegura un veterano funcionario del Ministerio. En su opinión, esta situación se viene produciendo incluso desde 1997 en que se estableció un Cupo teóricamente positivo para el Estado tras la cesión de los Impuestos Especiales
Otro experto, Carlos Monasterio, catedrático de la Universidad de Oviedo, ha calculado que para el Cupo quinquenal 2002-2006, «las relaciones financieras entre la Hacienda foral y la central minusvaloran en más de 2.500 millones de euros anuales la aportación de aquella, en concepto de Cupo y ajuste por IVA».
Por su parte, Buesa afirma que «los costes, hechos con criterios racionales, y usando cifras reales de déficit, dicen que el País Vasco se lleva más o menos el 7% de su PIB y Navarra en torno al 9%. Y en términos corrientes son unos 2.400 o 2.500 millones de euros».
Si se miran los datos (ver gráfico) de 2009, que son los últimos disponibles, las CCAA de régimen común recibieron 2.012 euros por habitante en el sistema de financiación. En cambio, el País Vasco recibió 4.538 euros, y Navarra, 4.815. Ese año, según el INE, la renta per cápita media de los españoles fue de 22.886 euros. El País Vasco lideraba la clasificación, con 30.703, y Navarra ocupaba la tercera posición, con 29.598 euros al año por habitante.
En un ensayo publicado por Funcas, Monasterio, concluye que «en cuanto al diseño de la metodología del Cupo, debería tenerse en cuenta la adecuada aportación a los bienes públicos nacionales, así como la contribución a la función de redistribución. Sobre el primero de estos asuntos, es difícil pronunciarse de modo rotundo, debido a la falta de transparencia del sistema, pero parece dudoso que con la metodología actual del Cupo la contribución a las cargas generales (competencias estatales) esté correctamente resuelta».
Lo corroboró en público tres días antes de las declaraciones de Navarro el consejero de Hacienda de Madrid, Enrique Ossorio. Éste aseguró que «la aplicación práctica del Régimen Foral origina que dos comunidades ricas, que disfrutan de una financiación muy superior al resto, no participen en los instrumentos de solidaridad». Y se mostró partidario de «revisar» su situación «en el marco de las peculiaridades reconocidas en la Constitución». Es decir, recalcular su aportación sin suprimir los fueros.
Ossorio, que fue el pasado año secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera a las órdenes de Montoro, aseguró que País Vasco y Navarra no aportan a la solidaridad al tiempo que su financiación «es superior entre un 40% y un 60% a la de las demás comunidades». Según estimaciones internas del Ministerio, para que las CCAA de régimen común pudieran alcanzar la misma financiación por habitante que el País Vasco habría que aumentar el sistema en 65.000 millones, un 50%. Pero Montoro ya ha advertido que el nuevo sistema que presentará en 2014 no debe suponer aportaciones adicionales del Estado.
Al otro lado de la cuerda, el PNV exige una mejora de su financiación y el Cupo actual, que venció en 2011 está siendo prorrogado por falta de acuerdo entre el Gobierno de Urkullu y Montoro. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, urge habitualmente a Rajoy a retomar las negociaciones. Por su parte, la presidenta navarra, Yolanda Barcina, publicó un artículo en este diario el viernes defendiendo el sistema foral, que califica de «bueno para España», y asegurando que implica aportación de su comunidad a la solidaridad en el sistema.
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El Cupo es el pago anual que el País Vasco y Navarra hacen al Estado como contrapartida por el sistema foral. Para fijarlo, se calcula cuánto se gasta el Gobierno central en toda España en cada competencia no asumida (como Defensa o Política Exterior) y se otorga un porcentaje fijo a cada región. En 1981 se fijó un índice de imputación del 6,24% para Euskadi y del 1,6% para Navarra. Para el cálculo del Cupo la fórmula tiene en cuenta el coste de las competencias (generalmente infravalorada), a lo que se le resta la «valoración de los ingresos no concertados» (sobrevalorada, según los críticos, por ejemplo en IVA) y la parte proporcional del déficit público. Y todo, se pondera por el índice de imputación.