LA NUEVA Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno amenaza con quebrar uno de los derechos constitucionales básicos como es el de la información. La comisión de expertos creada por el ministro Gallardón para que le asesore en esta iniciativa propone una limitación de la publicidad del proceso penal que reintroduce la censura. El documento elaborado por esta comisión otorga al juez y al fiscal la capacidad para ordenar, a su criterio, que deje de difundirse información en la fase de instrucción e incluso durante el juicio oral. Esa exigencia es aplicable a todos los intervinientes en el proceso –encausados, abogados, testigos, peritos...– y también a los medios de comunicación, a los que se les puede ordenar «el cese de la difusión». Para quien desobedezca y rompa ese silencio se prevén responsabilidades penales.
El contenido de esta propuesta es liberticida e incompatible con un régimen democrático. Si acabara incorporándose al Código Procesal Penal supondría el mayor ataque en Democracia a la libertad de expresión. No cuestionamos la potestad del juez para declarar el secreto de una investigación, pero habría que regularlo de forma que pudiera cumplirse. No es posible que haya sumarios blindados durante cuatro o cinco años, que es el tiempo que están alargándose investigaciones que son de máximo interés para el ciudadano. De hecho, en la práctica, cada vez que colisionan la revelación del secreto de sumario y el derecho a la información prevalece este último. Y es lógico que así sea. La norma del secreto de sumario se redactó cuando no existían ni las libertades ni el desarrollo de las comunicaciones actuales. No responde a la realidad de nuestros días y habría que actualizarla.
Por otra parte, el blindaje que pretenden los expertos convocados por el ministro de Justicia sería inoperante. Un medio podría convencer a una de sus fuentes para que revelase datos a un medio extranjero y hacerse eco de lo publicado por éste después. Y hay que decir que el trabajo periodístico no tiene por qué verse como una amenaza para la labor judicial, sino todo lo contrario. Las investigaciones de EL MUNDO en el 11-M, un sumario que estaba bajo secreto, llevaron a que se practicase la prueba pericial sobre los explosivos tres años después de ocurrir los hechos.
Es impensable, además, que al ciudadano pudiera tratar de hurtársele, por ejemplo, la información de casos como Urdangarin, Gürtel o los ERE. La regulación que propugna la comisión Gallardón lo haría posible. Con el agravante de que la decisión de imponer esa mordaza se deja en manos del Ministerio Público, que depende orgánicamente del gobierno de turno. Y eso, cuando se pretende hacer del fiscal el responsable de la investigación penal, agrava todo el planteamiento, porque supone convertir la Justicia en una herramienta al servicio del poder político. Más aún, en un momento en el que los casos de corrupción desbordan los juzgados. Gallardón debería repudiar públicamente el planteamiento de su comisión de juristas y negarse a incorporar sus consejos a la ley. Lo último que necesita el país es una ley mordaza que impida al ciudadano informarse de lo que está pasando.