Ordóñez aprobó el sobreprecio en Miami

La Inspección alertó en vano al supervisor del coste para Caja Madrid de la compra del CNBF

El Banco de España también permitió la salida a Bolsa de Bankia con el agujero en Florida

El Banco de España supo desde el primer momento y pudo evitar que Caja Madrid pagara un sobreprecio por la compra en 2008 del City National Bank of Florida (CNBF), según han asegurado a EL MUNDO distintas fuentes próximas al órgano supervisor del sector financiero.

La Comisión Ejecutiva del Banco de España presidida por el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez autorizó en el otoño de 2008 a Caja Madrid la compra del banco en Florida tras estudiar los servicios de inspección entre mayo y septiembre las condiciones de la operación y detectar que se iba a pagar un precio más elevado de lo normal. La Comisión Ejecutiva dio su permiso –imprescindible para que la caja pudiera ejecutar la transacción– pese a que la Inspección del organismo alertó de que existía sobreprecio.

La valoración de los inspectores se apoyaba en datos de la Reserva Federal y ponía como ejemplo que el Banco Popular había pagado por el banco Total Bancshares de Florida un año antes –cuando aún no había estallado la crisis financiera internacional– 21 veces su valor en libros. En contraste, Blesa pagaba extrañamente 25 veces en plena recesión ya en España y con las hipotecas subprime de Florida en su apogeo.

La compra del CNBF ha sido calificada de «aberrante» por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva y la consideró suficientemente delictiva como para enviar el pasado jueves a prisión a Blesa. Éste planteó la compra del banco de Florida al Banco de España en abril de 2008 con España entrando en recesión y varios meses de crisis financiera internacional. Tras obtener la autorización del supervisor la ejecutó en noviembre de ese año cuando acababa de quebrar Lehman Brothers.

Como en tantos otros casos, la cúpula del Banco de España ignoró las señales de alarma de los inspectores y dio su visto bueno a cambio –según explicó el entonces presidente de Caja Madrid posteriormente a sus directivos– de que saliera a Bolsa la llamada Corporación Cibeles, un holding financiero que iba a incluir filiales como el banco de Florida y que iba a salir a Bolsa. Para Ordóñez bastaba esa promesa futura de que Caja Madrid se sometería por fin a los esquemas de teórica transparencia y responsabilidad a que obliga cotizar en los mercados para dar la autorización.

Los inspectores revisaron la operación de nuevo año y medio después y no sólo corroboraron el análisis inicial, sino que lo endurecieron. Su segundo informe, fechado el 19 de abril de 2010, cuantificó el sobreprecio en 450 millones de euros lo que suponía prácticamente un desvío del 100%. EL MUNDO ya informó de este documento el pasado 3 de diciembre y el artículo fue aportado como documento número uno en la denuncia presentada días después por el sindicato Manos Limpias, que es la que provocó el envío a prisión de Blesa el pasado jueves.

Pese a conocer este agujero producido por el deterioro del fondo de comercio en la compra del CNBF y otros como la necesidad de intervenir la también participada Banco de Valencia, el Banco de España autorizó también un año después, en julio de 2011, la salida a Bolsa del banco.

En el folleto de emisión de Bankia, la entidad no mencionó problema alguno a los inversores con la operación de Florida, sino que la presentó como la mejor muestra de su expansión internacional.

En su declaración del pasado jueves, Blesa alegó en su descargo la autorización del Banco de España a la operación. Tras escuchar los argumentos de Blesa con el Banco de España, el juez los desautoriza. «Se obvia un extremo trascendental (...) tal autorización no supone que se concluya la bondad o conveniencia de tal adquisición, cuya responsabilidad corresponde exclusivamente al adquirente, es decir a Caja Madrid y en tanto a que entidad paradigmática y eminentemente presidencialista, a su presidente, el imputado Miguel Blesa». El juez relativiza también el argumento de Blesa de que la decisión no era suya, sino del consejo de la caja que aprobó la operación, aunque el consejero Estanislao Rodríguez Ponga (ver EL MUNDO del 4 de enero de 2009) criticó que la operación se hacía sin informe de una valoración independiente.

Rodríguez Ponga era consejero propuesto por la Comunidad de Madrid y Blesa interpretó su movimiento como una hostilidad de Esperanza Aguirre. Sin embargo, el Ejecutivo regional no se percató entonces de que la compra se realizaba casualmente en una primera fase por el 83% del capital y no por el 100%. De ese modo, evitó tener que pedir autorización expresa a Aguirre al superar el umbral del 5% sobre recursos propios. El informe del Banco de España denuncia esta picaresca.

Otro movimiento que provocó desavenencias internas fue el traspaso inmediato del banco de Florida a la Corporación Cibeles, fuera de la pirámide de control tradicional. El entonces secretario general de la entidad Enrique de la Torre, sostuvo que las inversiones de Cibeles debían pasar al menos por el Comité de Inversiones de Caja Madrid. Blesa optó por designar secretario general de Cibeles a Ignacio Navasqüés, esquivando a De la Torre.

El ‘caso Blesa’, pendiente de si la Audiencia de Madrid lo anula

> Pese a que su única noche en prisión ya es irreversible, la causa que ha llevado a esta situación al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa podría ser declarada nula por la Audiencia Provincial de Madrid, que se debe pronunciar sobre la petición que, en este sentido, le ha trasladado la Fiscalía .

> Las diligencias abiertas en enero del año siguiente por ese Juzgado fueron sobreseídas once meses después por falta de pruebas, hasta que, en junio, el magistrado Silva reabrió la causa contra Blesa, pero se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, donde se instruye el caso Bankia, informa Efe .

> Sin embargo, en octubre, el instructor del mismo en este tribunal, Fernando Andreu, rechazó la inhibición, devolvió el caso a Plaza de Castilla y, con fecha de 16 de noviembre, el juez Silva emitió un auto en el que decidía su reapertura y citaba a declarar como imputados a Blesa y a Díaz Ferrán el 5 de diciembre.