Los demandantes que consiguieron que el Tribunal Supremo decretara que hasta 22 desarrollos de la periferia de Madrid fueran declarados ilegales por no haberse respetado las disposiciones urbanísticas (en concreto, se decretaba la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de 1997) han solicitado ahora a la Justicia la demolición de 62 desarrollos en el PAU de Valdebebas en cumplimiento de la sentencia.
El pasado 3 de marzo se presentó una demanda de ejecución de la sentencia 216/2003 ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así, se pide la demolición de esas 62 promociones porque el demandante entiende que esas viviendas «no sólo han sido autorizadas con la finalidad de violar la eficacia de una resolución judicial firme, sino por haberse ejecutado a sabiendas, sobre suelo carente de ordenación urbanística que legitimara la edificación y en algunos casos clasificados como protegido».
Según el demandante, «el Ayuntamiento no tiene ni ha tenido jamás intención de obedecer el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de julio de 2007, y, en connivencia con el Gobierno de la Comunidad, y de los promotores de los ámbitos, ha venido adoptando cuantos acuerdos le ha sido posible, con la intención de violar el fallo de una sentencia firme».
El pasado día 12, el PP aprobó en solitario, con el voto en contra del PSOE, IU y UPyD en un Pleno extraordinario del Ayuntamiento, el avance de la revisión parcial del Plan General de 1985 y la modificación del Plan General de 1997 para subsanar los efectos de la sentencia que anuló los nuevos barrios.
La oposición en bloque se negó a apoyar la solución del Gobierno municipal de Ana Botella para no respaldar lo que consideran un «parche» con el que se pretende resolver las consecuencias de años de «mala gestión urbanística».
«No vamos a acompañar al PP en esta alocada carrera hacia el desastre», dijo el concejal socialista Marcos Sanz, que se mostró a favor de ejecutar los desarrollos consolidados y llevar el resto del suelo de nuevo al debate urbanístico.
Sanz aseguró que el rechazo judicial no fue por un defecto de forma sino por algo «sustancial» y destacó que el fallo señala que «crecer o no, puede ser una opción, pero deja claro que es preciso crecer de acuerdo con la legalidad y que el Gobierno municipal no tiene una potestad meramente discrecional» para hacer lo contrario.