La juez apunta a Griñán como financiador de los falsos ERE

Sugiere que la Junta concedía ayudas por encima de lo legal para engordar el negocio de las comisiones / Zoido llama al presidente 'cajero de los ERE'

La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos sugiere que la Junta de Andalucía cebó el fondo de reptiles para poder conceder más ayudas y que aumentara así el «negocio» de los intermediarios con las comisiones.

La deducción salpica a José Antonio Griñán, que firmó y elevó para su aprobación por el Consejo de Gobierno numerosas modificaciones presupuestarias por las que se incrementó el crédito de la partida para los ERE durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009). En una entrevista publicada ayer por este periódico, el actual presidente del Ejecutivo andaluz volvió a negar que tenga responsabilidades políticas en este escándalo.

Las averiguaciones de la Guardia Civil en torno al sobrecoste de las pólizas pagadas por la Junta permiten a la juez Alaya comprender ya por qué la Consejería de Empleo concedía ayudas por encima de su disponibilidad presupuestaria.

Es «como si las piezas del puzle comenzaran a encajar», razona la juez Mercedes Alaya en el auto con el que envió a prisión el pasado sábado a Eduardo Pascual y a María Vaqué, la cúpula del holding Vitalia.

La investigación del caso de los ERE ha permitido conocer que la Consejería de Empleo concedió ayudas por importe superior al del crédito de que disponía, en contra de lo que establece la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza. El artículo 38.2 viene a decir que no podrán adquirirse compromisos de pago por encima de los créditos presupuestarios establecidos para ello.

«Comienza a tener explicación el desfase presupuestario, es decir, la concesión de ayudas por encima del límite legalmente establecido», señala la instructora. Y sostiene que ello obedece a que «el presunto enriquecimiento obtenido debe repartirse entre múltiples intervinientes en el proceso», en alusión a la derrama de comisiones de las que se habrían beneficiado consultoras, sindicalistas, conseguidores y los despachos de abogados que se encargaban de la gestión de los procesos de reestructuración de las empresas en crisis.

Excedida la disponibilidad económica, la Junta de Andalucía se vio obligada a aprobar numerosas modificaciones presupuestarias a favor de la partida 31.L, calificada como «fondo de reptiles»por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero en su declaración ante la Policía Nacional en diciembre de 2010. Ello elevó el montante del presunto fraude que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Se da la circunstancia de que muchas de las modificaciones presupuestarias con las que se incrementó la cuantía del programa 31.l las hubo de firmar y elevar al Consejo de Gobierno para su aprobación José Antonio de Griñán, titular de la Consejería de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009. Una de las modificaciones propuestas por el actual presidente de la Junta, firmada el 22 de noviembre de 2005 y por 799.895,97 euros, sirvió para financiar 15 prejubilaciones que la juez considera falsas: eran trabajadores de una mina que había cerrado 17 años antes.

Sin citarlo de forma explícita, el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya desveló en un atestado conocido en junio del pasado año que estaba investigando la «participación» en la trama del actual presidente de la Junta.

Los investigadores querían averiguar si Griñán, durante su etapa de consejero de Economía y Hacienda, conoció las irregularidades que la Intervención General de la Junta de Andalucía detectó en el sistema de pagos de los ERE y si él mismo participó en «la forma de financiar a la Agencia IDEA [organismo públicio dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia] como 'caja pagadora' de las ayudas» que concedía la Consejería de Empleo, eludiendo así los controles sobre el dinero. Hasta el momento, no han trascendido detalles de esa línea de investigación por parte de la UCO.

En una carta enviada al presidente del Parlamento de Andalucía el pasado mes de noviembre, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez acusó a Griñán y a su consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, de «cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE» al hacer caso omiso a las 17 advertencias que les hizo llegar por escrito para que se parara el fraude.