El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara. / EL MUNDO
El coronel no tiene quien le escriba, titulaba García Márquez para retratar el desamparo de un militar retirado ante una pensión de guerra que nunca llegó. Pero la literatura degenera, y en la España de las colocaciones a dedo hay hoy un presidente de Diputación que no tiene quien le huela... salvo sentencia, también por llegar, del Supremo. El Alto Tribunal habría de revocar la sentencia -cuyo fallo ya se conoció en diciembre- que obliga al presidente de la Diputación de Ciudad Real a despedir a varios asesores, entre ellos un conductor que sabe «el olor que quiere» en el coche.
Y es que no hay como leer los fundamentos de la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para inspirar una novela cuyo protagonista, en este caso, sí tendría nombre y apellido. Se trata del presidente de la Diputación de Ciudad Real, el socialista Nemesio de Lara, cuya justificación para el mantenimiento del puesto de su «conductor asistente particular» roza la picaresca.
Los jueces lo describen con economía literaria pero con expresividad suficiente, al rechazar las alegaciones de la Diputación, «afirmando, entre otras cosas, que el cuidado del vehículo oficial no es el que se realiza en los talleres, sino de algo personal, que incluye la música que el presidente desea, el olor que quiere, los elementos de comodidad que solicita, el nivel adecuado de climatización, la velocidad de transporte que le gusta...»
«A la Sala le parece increíble», reza la sentencia, «que haya que contratar a un chófer particular y que no pueda servir a estos efectos uno de los más de 25 que aparecen dentro del amplio parque móvil con que cuenta la Corporación».
En realidad, el conductor -que se llama Santiago Sánchez, es además alcalde socialista de Llanos del Caudillo y sigue al volante (y a los mandos de la temperatura ambiente) en tanto se resuelve el recurso-, es sólo uno de los 14 asesores irregularmente contratados, según la Justicia, por el último feudo del PSOE en la autonomía.
En concreto, el conductor pertenece a un grupo de ocho trabajadores eventuales -algunos, como él, ya ocupaban sus cargos desde pasadas legislaturas- entre los que se encuentra el jefe de gabinete, la secretaria, una asesora, y cuatro empleados de «soporte» de los grupos Socialista y Popular en la Diputación; irregularmente contratados éstos últimos también, porque «aun cuando pudiera existir una práctica extendida (...), no cabe el nombramiento de personal eventual para grupos políticos (...) por mucho que forzáramos la interpretación de la norma hasta propiciar su mayor laxitud».
La mayoría de estos ocho empleados, ahora con un pie en el estribo del paro, resultaron afectados por lo que Comisiones Obreras definió en su denuncia como una «maniobra torticera», consistente en «recolocar» en puestos de «nueva creación», y mediante acuerdo presupuestario de julio pasado, a otros seis asesores a los que, ya en marzo, los jueces habían ordenado despedir.
Fue el sindicato el que libró esta batalla jurídica desde el principio, al impugnar con éxito estos seis contratos con los que De Lara dio acomodo a la plana mayor de su partido en la provincia tras la debacle electoral. Así, el ex portavoz en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Ángel Amador, fue contratado como asesor coordinador de Presupuestos, y pasó luego a ser jefe de la Presidencia; y en asesores se convirtieron también el actual portavoz socialista en Manzanares, Julián Nieva (hasta julio, coordinador de compras), o el ex director general de Deportes de la Junta de Comunidades, Roberto Parra (fichado antes como coordinador de deportes).
Hizo falta un auto de ejecución de sentencia de noviembre y una segunda demanda -la que ha acabado por arrastrar al servicial conductor- para que los seis socialistas abandonaran finalmente la Diputación, según fuentes populares, quienes además calculan en 270.000 euros anuales su montante salarial.