Ignacio González, presidente de Madrid. / EL MUNDO
A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la juez de Estepona Mariana Peregrina ha ordenado a la Agencia Tributaria que investigue quién es el auténtico propietario del dúplex que disfruta Ignacio González en la urbanización marbellí de Guadalmina y de dónde salió el dinero para su compra.
La vivienda de 496 metros cuadrados que ocupa el presidente de Madrid es propiedad de Coast Investors, una empresa radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU) y controlada por el testaferro profesional Rudy Valner. González asegura que es un simple arrendatario pero la Policía cree que el inmueble es el pago de una comisión.
EL MUNDO denunció en marzo pasado que la Policía había determinado que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y ahora presidente, Ignacio González, disfruta en Marbella de un dúplex de lujo de 496 metros cuadrados a nombre de una sociedad (Coast Investors) radicada en el paraíso fiscal de Delaware. Esta tapadera está controlada por un testaferro profesional residente en Los Ángeles llamado Rudy Valner.
El Ministerio del Interior negó por aquel entonces la investigación y, cuando este diario probó que sí existía, subrayó por boca del director general de la Policía que se trataba de unas pesquisas «no oficiales». Acto seguido, Ignacio Cosidó destituyó al comisario de Marbella y responsable local de las indagaciones, Hermés de Dios, y posteriormente al número uno de la Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla.
La decisión adoptada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Mariana Peregrina, viene a avalar la investigación llevada a cabo por Hermés de Dios en primera instancia y posteriormente por Enrique Rodríguez Ulla.
Pero la juez quiere ir más allá. Es por lo que, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado a la Delegación de la Agencia Tributaria en Málaga que le remita «toda la información tributaria que posean sobre la entidad Coast Investors LLC».
«Igualmente se tiene por recibida la documental remitida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada», añade. La decisión de la juez y Anticorrupción responde a la denuncia que presentó en los juzgados de Estepona el Sindicato Unificado de Policía (SUP) tras el «carpetazo que dio el Ministerio del Interior a un presunto caso de corrupción de un alto dirigente del Partido Popular». Inmediatamente, el sindicato que comanda José Manuel Sánchez Fornet se puso manos a la obra. Primero remitió toda información obrante en su poder a la Audiencia Nacional y, cuando este órgano se declaró incompetente, presentó la denuncia en la jurisdicción ordinaria de Estepona -la vivienda de 496 metros cuadrados de González se halla en la frontera de esta localidad y Marbella-.
Ignacio González se defendió señalando que el piso en Guadalmina es propiedad de una empresa radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU).
Y puntualizó que él está de alquiler y que paga 2.000 euros mensuales de renta, es decir, entre dos y tres veces menos el precio de mercado en una de las zonas más caras de la Costa del Sol. González tiene un sueldo de 4.800 euros netos al mes. Sin embargo, varios informes policiales sostienen que la vivienda es parte de la comisión presuntamente cobrada por el actual presidente de la Comunidad de Madrid por la recalificación de unos terrenos en Arganda a favor de la constructora Martinsa.
El piso costó 1,1 millones de euros, según la comercial que lo vendió, pese a que oficialmente se firmó en 750.000. Esta circunstancia lleva a la Policía Judicial a deducir que ha habido trasiego de dinero B. Las agujeros negros no quedan ahí toda vez que la transacción se efectuó en 2008 y jamás se ha inscrito en el Registro de la Propiedad, donde a día de hoy continúa constando como titular el promotor de toda la urbanización, Pedro Javier Villate, un empresario de origen vasco que actualmente reside en Asturias.