NUEVAMENTE la corrupción de dirigentes políticos va a quedar impune porque eso es lo que supone el pacto suscrito ayer por la tarde entre la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona y las defensas de los acusados en el caso Pallerols, en el que se dilucidaba la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya (UDC).
Tras varios meses de negociaciones y justo el día en el que debía de comenzar el juicio que culminaba más de 13 años de instrucción, la Fiscalía llegó a un acuerdo con los abogados para formalizar una sentencia de conformidad, no recurrible, que supone que los tres principales acusados -Fidel Pallerols, Lluís Gavaldà y su hermano Vicenç- asumen penas que van desde los siete meses al año y medio de cárcel. Ello implica que no entrarán en prisión, dado que la Fiscalía aceptó una rebaja de las imputaciones, eliminando el delito de malversación. UDC acepta la responsabilidad civil de los hechos delictivos y se compromete a devolver a las arcas públicas 388.000 euros que obtuvo ilegalmente para su financiación.
Lo primero que sorprende en este pacto es la escasa cuantía de las penas, ya que el fiscal Rodríguez Rey pedía en su escrito de acusación de siete a 11 años de cárcel para las seis personas que se iban a sentar en el banquillo. Dos de ellas quedan exculpadas, pero lo más incomprensible es que Lluís Gavaldà, ex director general de Empleo de la Generalitat, vea su castigo reducido a año y medio de prisión a pesar de los abrumadores indicios que existían contra él de que desvió fondos de cursos de formación a la caja de UDC. Fidel Pallerols, el dueño de las empresas que servían de pantalla, salda su responsabilidad con una leve pena de siete meses.
Para que ninguno de los condenados tenga que pagar nada de su bolsillo, UDC se compromete a devolver 388.000 euros a la Generalitat. El fiscal había calculado que el dinero defraudado ascendía a más del doble, pero sólo estaba documentado el desvío de 200.000. Se trata de la primera vez que un partido reconoce en un proceso judicial que se ha financiado ilegalmente. La paradoja es que esa indemnización que va a desembolsar UDC saldrá de las subvenciones que recibe del Estado. Habría que cambiar la ley para privar de ayudas públicas a las formaciones que se financian ilegalmente, como en este caso. Buena parte del dinero defraudado, por cierto, provenía del Fondo Social Europeo, el principal perjudicado. Por tanto, la sentencia sólo puede contribuir a aumentar la desconfianza de las instituciones europeas hacia España.
Llama también la atención que la instrucción del caso haya durado 13 años, lo cual ha sido debido a una serie de vicisitudes legales como aforamientos, comisiones rogatorias, cambios de sede judicial y otras circunstancias que han beneficiado a los imputados.
Que la Fiscalía haya aceptado un acuerdo en estos términos supone un escándalo monumental, máxime tras el indulto de hace 11 meses de tres condenados por el caso Treball en el que también se financió ilegalmente UDC de forma similar. A la espera de una explicación de la Fiscalía, cabe sospechar que el Gobierno ha movido los hilos para echar una mano a este partido a cambio de futuros favores en el proceso soberanista de Cataluña. Su líder, Duran Lleida, se comprometió a dimitir si quedaba probada la financiación ilegal de UDC en este asunto. ¿Alguien cree que cumplirá su palabra?