ES NECESARIO «despolitizar» la judicatura. Lograr una «regeneración democrática» y acabar con el «desprestigio» judicial. Esas fueron las palabras del ministro Ruiz-Gallardón, el pasado 25 de enero. Y por ello propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que 12 de los 20 vocales del CGPJ dejasen de ser seleccionados por los partidos que conforman el Parlamento y pasasen a ser elegidos por los jueces.
Es decir, exactamente lo contrario de lo ocurrido 11 meses después.
¿Ya no es necesario despolitizar la judicatura? ¿Acaso no necesita ganar prestigio esa misma Justicia que ha conseguido que de 400 imputados por la Audiencia Nacional sólo ocho estén en prisión y casualmente ninguno sea político?
«Razones de Estado» ha aducido Alberto Ruiz-Gallardón. Razones de Estado para condenar a todos los ciudadanos al manoseo de la Justicia por esos partidos que llenaron las cajas de políticos, las autonomías de pelotas aspirantes a coche oficial y las sedes de sus formaciones de sobrecogedores portadores de maletines urbanísticos.
¿Qué razón de Estado es esa? ¿Desde cuándo un Estado se defiende desde la imposibilidad de controlar a los políticos que votamos, pagamos y cuya única razón de existir es servirnos?
La politización del CGPJ -órgano que elige a los presidentes de Altos Tribunales y Audiencias- ha supuesto desde su inicio la desaparición en cascada de la independencia de la Justicia. Casos Palau, ITV, Campeón, ERE, Faisán, Gürtel, Urdangarin, Pretoria, Pallerols, IbizaCenter, Caja Castilla La Mancha, Bankia, Brugal, Unió Mallorquina, Carioca, Marea, Emperador, Huérfanos de la Guardia Civil, Sabadell, etcétera. Cientos de casos sobre los que siempre pesará la sombra de unos políticos que, en última instancia, deciden sobre el ascenso y futuro de los jueces.
¿Cuál es esa razón de Estado tan poderosa? ¿Lo es que no sepamos lo ocurrido en Cataluña? ¿Lo es que no descubramos hasta dónde llega la financiación ilegal de los partidos? ¿Lo es mantener a un diezmado PSOE como oposición de paja? Porque, sea cual sea el nombre, su final siempre será el mismo: tapar la corrupción.