El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conversa ayer con diputados nacionalistas vascos y catalanes, en el Congreso. / GONZALO ARROYO
Una vez confirmado el desafío rupturista catalán, el Gobierno de Mariano Rajoy se declara dispuesto, frente al reto, a «ir a por todas» con la Constitución y las leyes en la mano. Y ello implica, en último término, reclamar ante la Justicia la inhabilitación especial del presidente de la Generalitat, Artur Mas, por incurrir en un delito de desobediencia o incluso de prevaricación, como contempla el Código Penal.
Más aún, el Ejecutivo incluye, entre las posibilidades extremas para frenar el secesionismo, utilizar el artículo 155 de la Constitución, lo que implicaría intervenir de facto la Comunidad Autónoma de Cataluña por perjudicar gravemente, con las decisiones de sus más altos dirigentes, los intereses generales del conjunto de los españoles.
Antes de activar estos últimos resortes, el Ejecutivo central intentará frenar la posible convocatoria de referéndum o consulta soberanista acudiendo al Tribunal Constitucional, habida cuenta de que únicamente el Gobierno central puede autorizar procesos refrendatarios.
Si la Generalitat pretende amparar el referéndum bajo el manto de una ley de consultas propia, Madrid podría actuar también en el Constitucional contra dicho texto argumentando que entra en colisión directa con las competencias exclusivas del Estado.
Lo cierto es que ayer el Ejecutivo destilaba una clara sensación de malestar y preocupación. En el Gobierno siguen albergando la esperanza de que al final el desafío catalán no llegará a consumarse, pero son conscientes de que el acuerdo al que ayer llegaron CiU y ERC para gobernar Cataluña supone, en sus propios términos, un canto radicalmente contrario a la Carta Magna que no puede quedar sin respuesta.
Sáenz de Santamaría ya subrayaba, tras conocer el contenido del pacto de gobernabilidad entre las dos fuerzas catalanas, que Mas comete «error tras error» y que conduce a los catalanes «en la dirección contraria» de lo que han manifestado en las urnas, y que no es otra cosa que su deseo de superar las graves dificultades económicas, volver a crecer y crear empleo.
La vicepresidenta del Gobierno también advertía de que existen suficientes instrumentos jurídicos para frenar la aventura rupturista que pretende emprender el nuevo Ejecutivo de la Generalitat.
En paralelo, desde La Moncloa se vaticinaba una legislatura convulsa que sólo perjudicaría a los ciudadanos. «El nuevo Parlament será como una montaña rusa; un foco de inestabilidad», auguraba una alta fuente del Ejecutivo que lamentaba especialmente los efectos negativos para los catalanes.
El presidente, Mariano Rajoy, optó por mantener su proverbial tranquilidad limitándose a advertir que en Europa justamente las aspiraciones son las contrarias; es decir, que se camina hacia una mayor unidad y que los «procesos de división» son vistos con «escaso entusiasmo». Para el presidente, en estos momentos «ser pequeño y estar en procesos de separación» es algo que va «contra el signo de los tiempos».
Ni siquiera dio muestras de alteración cuando la portavoz de UPyD Rosa Díez le urgió a «tranquilizar» a los españoles. Tampoco se inmutó Rajoy cuando el diputado de ERC, Alfred Bosch, le conminó a poco menos que acatar e incluso facilitar el proceso rupturista catalán, avalándolo ante el resto de Europa.
Sin embargo, tras la aparente calma del presidente, en el Gobierno bulle la preocupación, especialmente por los efectos perversos que la deriva catalana puede trasladar al resto de país contaminando los esfuerzos por superar la recesión.
Es en este clima en el que fuentes del Ejecutivo insisten en poner sobre la mesa los dos instrumentos más contundentes que podrían llegar a activarse en caso de que Mas optara por la vía de la insumisión. Ahí están los artículos 404 y 410 del Código Penal.El primero hace referencia a la prevaricación administrativa y el segundo al delito de desobediencia. En ambos casos, la pena contra el presidente de la Generalitat podría llegar a ser de «inhabilitación especial», lo que implicaría la retirada del cargo público y la imposibilidad de volver a ejercerlo.
Además, la vía del artículo 155 de la Constitución, contemplada en principio para incumplimientos flagrantes de tipo económico, podría también ejercerse si se considerara que el president, con sus decisiones, afecta gravemente a los intereses generales. En ese caso, se le conminaría a rectificar, y de ser ello imposible, el Gobierno central podría asumir en su lugar las riendas de la gestión.
El citado artículo reza: «Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del (...) interés general». Y añade: «Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas».
En Moncloa están expectantes analizando cada uno de los pasos y declaraciones de Mas y, especialmente, del líder de ERC, Oriol Junqueras, habida cuenta de que consideran que ha sido él quien ha impuesto de principio a fin el acuerdo de gobernabilidad.
Ayer, también desde el PSOE, la portavoz parlamentaria Soraya Rodríguez se sumó al bando de quienes se muestran seguros de que Cataluña se adentra en una senda de inestabilidad grave, siguiendo un proyecto «más pensado para dar salida a los intereses personales de sus dirigentes que al propio pueblo de Cataluña».
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