El Gobierno ha dado un paso atrás ante la amenaza del president de la Generalitat, Artur Mas, de no aplicar la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE). José Ignacio Wert ha rebajado el tono del anteproyecto en lo que respecta a garantizar una enseñanza en castellano en toda España. En el borrador que el ministro de Educación remitió el pasado lunes a las comunidades autónomas se establecía que tanto el castellano como la lengua cooficial debían ser garantizadas «en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas».
Pero, en un nuevo redactado que repartió ayer durante la Conferencia Sectorial de Educación, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se sustituye esta «proporción equilibrada» por un criterio más simple: bastará con que «se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos».
El ministro aseguró ayer, en la rueda de prensa posterior a la reunión: «No estamos invadiendo la competencia educativa de Cataluña», e insistió en que «es falso» que la ley «no garantice la inmersión lingüística».
Acababa de presentar a los consejeros «una alternativa de texto» en la que cambia de arriba abajo la disposición adicional 39 (ahora 38), cuyo título original, Lengua castellana y lengua vehicular en la enseñanza, ha sido sustituido por el de Lengua castellana y lenguas cooficiales.
En el enunciado original se decía, por ejemplo, que «las administraciones educativas garantizarán en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos, sin perjuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras».
Este texto desaparece, así como el que señalaba que «corresponde a las administraciones educativas determinar la proporción que proceda en el uso del castellano y la lengua cooficial como lenguas vehiculares en el sistema educativo, en atención al estado de normalización lingüística».
El nuevo articulado es mucho más genérico y recoge entrecomillados del anterior, aunque, básicamente, lo resume todo en dos supuestos.
El primero afirma que las CCAA «podrán diseñar e implantar sistemas en los que se garantice la impartición de áreas y materias lingüísticas y no lingüísticas, en lengua castellana y cooficial, en cada uno de los ciclos y cursos de las etapas obligatorias, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos, sin perjuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras». Es decir, lo que era una obligación -«garantizarán»- se convierte en un «podrán».
El segundo supuesto se refiere a «las comunidades autónomas que no hayan implantado los sistemas indicados en el párrafo anterior». Es el caso de Cataluña, que incumple las sentencias que le instan a asegurar el castellano como lengua vehicular.
Para este supuesto, las CCAA «podrán otorgar, en función del estado de normalización lingüística en sus territorios, un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que, en ningún caso, pueda suponer de hecho la exclusión del castellano». Este texto venía en el borrador original pero, tras un punto y seguido, se añade algo: «Además, en este supuesto, y en el marco de la programación de la oferta educativa de cada administración educativa, los padres o tutores tendrán derecho a escoger la lengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos».
A renglón seguido, aparece una frase que cambia ligeramente respecto a la versión inicial y que regula lo que viene a ser el antídoto contra el incumplimiento del Govern: los colegios privados que enseñan en castellano. Dice así: «Si la programación anual de la administración educativa no contemplase oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida en el municipio o la zona limítrofe correspondiente, los padres podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos de escolarización».
Fue precisamente este punto el que soliviantó a la consellera catalana. Irene Rigau pidió la retirada del mismo poco antes de levantarse e irse de la sala, según fuentes presentes en el encuentro. Wert le había dicho que respetaba su parecer, pero que, en un órgano de diálogo, no procedían las exigencias. Así que se fue sin escuchar las propuestas del resto de los consejeros, al ser la primera en intervenir. «Ministro, me tengo que marchar porque tengo que visualizar [quiso decir hacer visible] mi oposición a la ley», dijo.
A la salida, se dispuso a hacer declaraciones a la prensa en la zona noble del ministerio, pero fue emplazada a situarse en el photocall instalado expresamente para los consejeros. Pero la consellera se negaba a hablar a las cámaras con el logo del ministerio de fondo. Prefirió dar una sucesión de pequeñas ruedas de prensa en un estrecho pasillo junto a la escalera. La razón la dio su jefa de prensa: «Nunca hemos hecho declaraciones ante el cartel. Nosotros no pertenecemos al ministerio, somos un gobierno autonómico». Toda una declaración de intenciones.
Los cámaras intentaron quitar el cartel para que todo el mundo estuviera más cómodo y Rigau accedió a desplazarse a esa zona, pero el personal del ministerio, que vio cómo la cosa se desmadraba, volvió a poner el panel. Fue una pena. Porque, si Rigau hubiera comparecido al final sin el objeto de la discordia de fondo, habría posado involuntariamente ante una vidriera que escondía... un gigantesco escudo de España.
Volviendo al nuevo texto planteado ayer por Wert -que es un borrador y, por tanto, susceptible de cambios-, éste recoge otro, realizado a petición de la Comunidad Valenciana: las reválidas de ESO y Bachillerato examinarán ahora de la asignatura de Lengua Cooficial. Además, como las CCAA serán las que se encarguen de esta prueba, podrán realizarla en su lengua propia.
La reunión terminó sin ninguna conclusión, emplazando el ministro a todos a verse otra vez y zanjar el asunto el día 19. Las representantes vasca y andaluza alegaron «defectos de forma en la convocatoria» porque recibieron el borrador apenas un día antes del encuentro, sin tiempo para estudiar los cambios. Wert se encogió de hombros y aceptó un nuevo plazo en aras del consenso.
También negó que el nuevo currículo -que se divide en asignaturas troncales (cuyos contenidos fija al 100% el Gobierno), «específicas (las determinan las CCAA y los centros) y de especialidad (las CCAA)- «minusvalore las lenguas cooficiales. La materia de Lengua Catalana, por ejemplo, ha pasado de troncal a especialidad. «La troncalidad equivale a asignatura de obligada aplicación en el territorio nacional», explicó Wert, «tiene que ver con la competencia, no con la importancia de la materia».
>Videoanálisis de Ferrer Molina.